El 8 de marzo de 2017, luego de intentar escapar del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, 56 niñas y adolescentes de 13 a 17 años fueron encerradas bajo llave en un aula. Hacinadas y sin sanitario, pedían que les abrieran la puerta. Habían tratado de huir después de protestar por los malos tratos y las agresiones que recibían constantemente en el hogar estatal.
Después de horas confinadas en el aula, una de las adolescentes prendió fuego a una de las colchonetas, en señal de protesta. La habitación rápido ardió en llamas. Las jóvenes pidieron ayuda, pero tardaron nueve minutos y medio en abrir la puerta.
En el incendio murieron asfixiadas 19 adolescentes. Después, 22 más morirían con quemaduras de tercer grado.
Cinco días después del incendio, mientras en la morgue continuaba el trabajo de identificación de los cuerpos y aún no se tenía una cifra definitiva de fallecidas, medios de comunicación informaron de las primeras detenciones.
La jueza de Primera Instancia Penal para Diligencias Urgentes de Investigación, Claudia Blandón Alegría, ordenó la captura de Carlos Antonio Rodas Mejía, exsecretario de Bienestar Social; Anahy Keller Zabala, exsubsecretaria de protección; y Santos Torres Ramírez, exdirector del Hogar Seguro. Los tres fueron ligados a proceso en abril de 2017.
Dos meses después, en junio de 2017, se realizaron las segundas capturas: Harold Augusto Flores Valenzuela, quien aún hoy es defensor de la niñez de la Procuraduría General de la Nación; Luis Armando Pérez Borja, exfeje de operaciones de la Policía Nacional Civil; Gloria Castro, exdefensora de la niñez de la Procuraduría de Derechos Humanos; Brenda Yulissa Chamán, exjefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato de la Secretaría de Bienestar Social; y Lucinda Eva Marroquín Carrillo: exsubinspectora de la Policía Nacional Civil.
Carlos Guerra, juez Cuarto de Primera Instancia Penal, los ligó a proceso el 24 de junio de 2017.
El día que fueron capturados los cinco sindicados, la Fiscalía contra el Delito de Femicidio también presentó una solicitud de antejuicio contra Rocío Albany Murillo Martínez, jueza de Paz de San José Pinula. El Ministerio Público señalaba a Murillo por no haber practicado una exhibición personal la noche del 7 de marzo de 2017, horas antes del incendio.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) le retiró la inmunidad a Murillo en octubre de ese año y en abril de 2018 fue citada junto con Ofelia Pérez Campos, excoordinadora del área “Mi hogar” del Hogar Seguro; Cruzy López, exmonitora del Centro Juvenil para Mujeres Gorriones; y Rolando Romeo Miranda Navarro, secretario del juzgado de Paz.
[Quizás te interesa leer: Caso Hogar Seguro, el laberinto de la impunidad]
Cinco años y medio de retrasos
El proceso judicial se dividió en tres fases: una para cada grupo de detenidos. Esto fue cuestionado por las organizaciones querellantes, quienes alegaron que la repetición de los testimonios en tres procesos vulneraba los derechos de los involucrados y revictimizaba a las sobrevivientes, familiares y testigos. Para evitarlo, plantearon dos incidentes.
Organizaciones y especialistas tenían la esperanza de que los procesos se unificaran en la etapa de debate, cuando iniciara el juicio. Y en el caso del primer y del segundo grupo así lo decidió el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal.
El juicio en el caso del primer grupo había sido programado originalmente para el 11 de febrero de 2019. Pero una batalla legal para que se admitiera como prueba el peritaje del incendio, los cambios del juez a cargo del caso y la ausencia de un espacio adecuado, fueron provocando retrasos.
En paralelo, el segundo grupo también tuvo demoras. La audiencia de ofrecimiento de pruebas, que debía celebrarse a finales de 2017 se pospuso 15 veces. Finalmente, el 19 de febrero de 2019 los cinco sindicados fueron enviados a juicio.
El inicio del juicio para ambos grupos se programó para el 29 de marzo de 2022, pero la audiencia se suspendió.
El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, que tiene a cargo el caso, informó a Ocote que previo al inicio del debate se había programado una audiencia para que dos peritos extranjeros propuestos por el Ministerio Público presentaran los resultados de sus peritajes.
Son mexicanos y aportarán estudios sobre el hecho. Los detalles no fueron precisados por el tribunal, porque aseguraron que son parte de la investigación. Los peritos pidieron tres meses para preparar su informe.
La fecha se movió entonces para junio. Elvin Gómez, secretario del Tribunal Séptimo, explicó a Ocote que la audiencia se programó para este mes, de forma provisional y sin fecha específica, pero los peritos pidieron más tiempo y se trasladó para el 26 de julio de 2022.
Gómez indicó que antes de esa fecha, uno de los querellantes —no especificó quién— pidió que la audiencia se realizara en un lugar con el espacio adecuado, para que pudieran estar todas las partes, el público y la prensa.
La sala de audiencias del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal tiene capacidad únicamente para 35 personas en el público, para cuatro abogados de la defensa y cuatro representantes del Ministerio Público.
En el caso Hogar Seguro hay, hoy por hoy, ocho acusados. Juana Pérez, abogada del Bufete de Derechos Humanos y quien acompaña a 14 familias de las víctimas del Hogar Seguro, explica que cada uno de los imputados irá acompañado de su defensa.
Además, en el proceso estará presente el personal de la Fiscalía contra el Femicidio del Ministerio Público (MP), quien lleva el caso y los querellantes: familiares de las víctimas y abogados y abogadas de las organizaciones que participan en el proceso.
Sin contar a la prensa, se calcula que al menos habrá 40 personas presentes en el juicio.
«Es un grupo mayor del número de personas que normalmente intervienen en una audiencia. Eso hace que se necesite más espacio», explicó Pérez.
El Organismo judicial (OJ) tiene dos mega salas, una con capacidad para 100 personas, en la que antes de que se crearan medidas para la contención de la pandemia de COVID-19 cabían 300; y otra para 40, que antes era para 89.
Rudy Esquivel, vocero del OJ, informó a Ocote que el Tribunal Séptimo reservó la mega sala con capacidad para 100 personas para el 9 de enero de 2023 y durante los tres meses siguientes, tomando en cuenta que será un juicio extenso.
Si se cumple con la fecha, el juicio iniciará tres años y 11 meses después de lo esperado y casi seis años después del incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
Consultado sobre la demora y los cambios de fecha, Esquivel explicó que «hay diversas acciones legales que pueden dilatar el tiempo establecido, además la pandemia generó cierta readecuación en las salas por la cantidad de personas y eso también pudo generar un plazo mayor a los establecidos».
Mientras, para el tercer grupo todavía no se ha realizado la audiencia de etapa intermedia, en la que el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal decidirá si los sindicados irán o no a juicio. Esta audiencia está programada para el 16 de septiembre de 2022.
Justicia «pronta y cumplida»
Ocote consultó al Ministerio Público si planea presentar algún recurso legal para garantizar que el juicio empiece en la fecha acordada. Gladys Galeano, del departamento de información y prensa respondió que, «según indica la fiscalía, esa es la fecha más pronta que programó el Tribunal». Además indicó que «tomando en cuenta que la fase de investigación ya concluyó y se está a la espera del inicio del debate, no afecta la investigación».
Sin embargo, para las organizaciones querellantes en el caso, este retraso sí tiene importancia para obtener justicia.
Paula Barrios, coordinadora general de Mujeres Transformando el Mundo (MTM), organización querellante en el proceso y quien representa a tres familias de las niñas que fallecieron, recuerda que la demora no se ha dado únicamente en la etapa de debate. Recalca que toda la etapa preparatoria y de investigación también contribuyó a retrasar el proceso.
«Esto demuestra que el Organismo Judicial y el sistema de justicia no tienen interés de responder a las familias y a las niñas sobrevivientes con un acceso a la justicia pronta y cumplida. Es necesario que se aclare qué sucedió en el Hogar y quiénes tienen responsabilidad. La justicia en este caso también es necesaria para que cambien las condiciones de los hogares, que deje de haber hacinamiento, malos tratos y exista un protocolo, un programa de atención y acompañamiento», explicó Barrios.
MTM presentó junto a familiares de las víctimas un recurso de reposición al Tribunal Séptimo de Sentencia Penal para demandar que se deje de posponer el juicio. Pero la jueza Kimberly María Rosario Monroy Ardón lo declaró sin lugar y confirmó que el debate iniciará el 9 de enero de 2023.
El 10 de junio de 2022, Monroy resolvió que para salvaguardar la integridad física de las partes que intervienen en el debate, además de velar por el cumplimiento de sus derechos se había solicitado la mega sala a Mónica Hernández, administradora de la Torre de Tribunales.
La mega sala no pudo ser concedida entonces porque había sido solicitada con anterioridad por el Tribunal B de Mayor Riesgo, para el debate del caso La Línea y por el Juzgado de Mayor Riesgo A para el caso Plazas Fantasma.
Se indicó que podría utilizarse a partir de noviembre de 2022, pero entonces inicia el periodo de vacaciones del tribunal a cargo del caso. Según Elvin Gómez, secretario del Tribunal Séptimo, si se fijaba la audiencia para ese mes, probablemente se tendría que suspender de nuevo.
Las madres de las niñas y adolescentes que murieron en el incendio también presentaron un memorial a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia para exigir que se agilice el juicio. Se consultó a Rudy Esquivel, vocero del Organismo Judicial, sobre la resolución de la Cámara Penal, pero respondió que las partes involucradas en el proceso pueden tener acceso a esa información.
«Ya son varias veces que nos han suspendido el debate, yo creo que no es justo lo que nos están haciendo, porque sabemos que hay 41 niñas que ya no están con nosotras y como madres exigimos a las autoridades que tomen cartas en el asunto y nos den una respuesta pronta», dijo a Ocote Vianney Hernández, madre de Hashly Rodríguez, una de las niñas que murió en el incendio.
Dos acusados en prisión preventiva y una investigación pendiente
Hasta ahora, de los 12 acusados en el caso Hogar Seguro, dos de ellos siguen en prisión preventiva. Luis Armano Pérez Borja y Lucinda Marroquin llevan cinco años y dos meses en la cárcel. Los demás acusados cuentan con arresto domiciliario.
La defensa de Marroquín pidió que se revisara su caso. En el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, la jueza María Monroy decidirá si Marroquín continúa en prisión o si será beneficiada con arresto domiciliario. La audiencia está prevista para realizarse el 27 de septiembre.
Rodas, Keller y Torres serán juzgados por los delitos de maltrato contra personas menores de edad, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, homicidio culposo y lesiones culposas.
Gloria Castro, por maltrato contra personas menores de edad e incumplimiento de deberes; Luis Armando Pérez, por maltrato contra personas menores de edad y abuso de autoridad; Lucinda Marroquín por maltrato contra personas menores de edad, homicidio culposo y lesiones culposas; y Brenda Chamán y Harold Flores por maltrato contra personas menores de edad, incumplimiento de deberes y homicidio culposo.
El Ministerio Público aún no presentó las pruebas contra Rocío Murillo, Ofelia Pérez y Crucy López. Murillo está ligada a proceso por falsedad ideológica y retardo de la justicia; Pérez y López por maltrato contra personas menores de edad e incumplimiento de deberes.
El 24 de enero de 2020, cuando Murillo, Pérez y López quedaron ligadas a proceso, Pedro Rodolfo Laynez, juez del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, otorgó falta de mérito a Romeo Rolando Miranda, secretario del Juzgado de Paz de San José Pinula.
El juez resolvió que Miranda no había cometido delitos porque solo cumplió órdenes. MTM informó que la falta de mérito de Miranda fue revertida entre abril y mayo de 2022 y ahora está ligado a proceso por falsedad material.
***
En el listado de acusados hay un nombre que, para las organizaciones querellantes del caso, falta. El del expresidente Jimmy Morales. Cuando ocurrió el incendio, el Hogar Seguro estaba a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, que está adscrita a la Presidencia, entonces a cargo de Morales.
Además, un día después del incendio en el Hogar Seguro, una citación en el Congreso se dio a conocer que Morales había ordenado por teléfono que se mantuviera a la policía a cargo de las niñas, niños y adolescentes.
Pero Morales todavía no puede ser investigado por la Fiscalía, por su posible involucración en el caso, ya que cuenta con inmunidad. Antes, debido a su cargo de Presidente de la Repúblico y ahora como miembro del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Para que pueda ser investigada su posible participación en el caso, organizaciones, abogados y diputados han solicitado en varias ocasiones que el exmandatario pierda su derecho a antejuicio. Pero la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad se han opuesto. MTM considera que ante esta situación, solo queda acceder a instancias internacionales.
