El juicio en contra de ocho de los 12 acusados por la muerte de 41 niñas en el incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción inició el 10 de enero. En este primer mes se han realizado ocho audiencias durante las cuales tres de los sindicados declararon, se reprodujo un video y peritos del Inacif confirmaron que las víctimas tenían quemaduras entre el 50 y 95 por ciento de su cuerpo, lo que hizo difícil que sobrevivieran. Se espera que esta fase del proceso se demore al menos hasta mayo, para llegar a una sentencia.
Con información de Angelica Medinilla y Christian Gutiérrez.
En la Sala del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, desde el 10 de enero de 2024 se lleva a cabo el juicio por el caso Hogar Seguro.
Después de casi siete años de espera y múltiples intentos de comenzar la última fase del proceso, que se había ido retrasando, el juicio avanza ahora, . En las audiencias
Se busca determinar quiénes fueron los responsables de que 41 niñas y adolescentes murieran y de que 15 quedaran con lesiones permanentes. Las 56 víctimas que tenían entre 13 y 17 años estaban bajo la protección del Estado.
El día de los hechos, el 8 de marzo de 2017, fueron encerradas en un aula donde, según la acusación del Ministerio Público, estaban hacinadas. Aunque pidieron auxilio durante nueve minutos, no les abrieron la puerta mientras se quemaban.
Un día antes, el 7 de marzo, las adolescentes habían intentado escapar del hogar, luego de denunciar insistentemente que sufrían maltrato. La fiscalía señala que al reconcentrar a las adolescentes fuera del hogar, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) las agredieron.
A lo largo de este mes, se han realizado ocho de las diez audiencias previstas. Dos de ellas han sido suspendidas.
Edgar Pérez, abogado del Bufete de Derechos Humanos y que representa a víctimas del caso, considera que hasta ahora el juicio se desarrolla a un ritmo adecuado. Espera que continúe de esta forma con dos o tres audiencias a la semana, pero no menos.
«Hay que entender que son 41 cadáveres que se tuvieron que analizar, somos más de 10 partes procesales los que estamos en audiencia. Hay momentos donde avanzamos bastante, pero hay temas muy profundos donde hay que discutirlo a fondo», explica Pérez.
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Más luces sobre las causas de muerte de las adolescentes
Durante el juicio por el caso Hogar Seguro está previsto que declaren 44 peritos del Ministerio Público, además de los propuestos por los querellantes. Juntos suman al menos 51.
Hasta ahora, seis de ellos, todos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) han pasado ante el tribunal
Los seis expusieron ante la jueza Ingrid Vanessa Cifuentes la causa de muerte de 20 de las 41 víctimas del Hogar seguro.
Vestidos con batas blancas, con un rostro sereno y pasos firmes, confiados en sus conocimientos, los especialistas llegaron al tribunal. Se identificaron y desglosaron su carrera profesional, los grados académicos y la experiencia que han obtenido en medicina forense y patología, que les facultan para realizar el análisis que hicieron.
Leyeron las conclusiones de sus dictámenes, que contaban la causa de muerte de las víctimas.
Los especialistas narraron, con un lenguaje técnico y a partir de los hechos científicos, una realidad desgarradora. Luego se sometieron a las preguntas del Ministerio Público, de los abogados de las víctimas y de la defensa.
Se esmeraron por utilizar un lenguaje sencillo y coloquial para que ses comprendieran los hallazgos. Pacientemente respondieron a los cuestionamientos, aclararon dudas.
Las adolescentes tenían entre el 50 y 95 por ciento del cuerpo con quemaduras de segundo y tercer grado. Los forenses coincidieron que era difícil que sobrevivieran por la situación en la que se encontraban.
«Las bibliografías describen que más del 50 por ciento de quemaduras en la superficie corporal pueden ser letales», dijo la médica Mirza Ramos ante el tribunal.
Aunque en algunos casos estas quemaduras no fueron la causa de muerte principal, los médicos explicaron que eran de tal gravedad que no les habrían permitido vivir. Además, les provocaron infecciones de las que no se pudieron recuperar.
Los médicos forenses describieron las causas de muerte de estas 20 niñas: por asfixia, después de intoxicarse con el monóxido de carbono que género el incendio; por las infecciones a causa de las quemaduras; por una neumonía global; por tromboembolia pulmonar, una obstrucción de los vasos que llevan sangre desde el corazón hasta los pulmones; y una de ellas murió por quemaduras en el 95 por ciento de su cuerpo.
El perito Oscar Cabrera explicó al tribunal que el cuerpo de una de las adolescentes al que le practicó la necropsia estaba totalmente carbonizado.
Desesperado por hacerse entender, Cabrera se permitió una licencia. Utilizó una expresión más coloquial, para hablar de cómo encontraron el cuerpo de la niña”.
«Cuando estamos hablando de carbonización, prácticamente llamémosle de una forma inadecuada está chicharronada —dijo el perito—. Prácticamente ya están dañados todos los tejidos. Anatómicamente ya se perdieron algunas de las estructuras. El grado de deshidratación ha sido tan extremo que llega a consumirse todo el tejido», dijo Cabrera.
«Quedó plenamente explicado en forma técnica y palabras sencillas de que el tema fue provocado porque la temperatura fue tan grande y muchas de ellas antes de quemarse se murieron al inhalar el monóxido. Es evidente que como no tenían una salida de emergencia, la puerta estaba cerrada con candado, pudieron haberse salvado si se les hubiera abierto la puerta. Es un punto de vista no solo de nosotros sino técnico por el personal calificado», dijo el abogado Pérez.
Tres acusados hablan
Las ocho personas que están siendo juzgadas trabajaban en instituciones públicas a cargo de proteger a las niñas cuando estas murieron.
Son Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social; Anahy Keller, exsubsecretaria de Protección; Santos Torres Ramírez, exdirector del Hogar Seguro; Harold Flores, exjefe de la Procuraduría de Menores de la Procuraduría General de la Nación, dejó de trabajar en la institución en octubre de 2023; Luis Armando Pérez Borja, exjefe de operaciones de la Policía Nacional Civil; Gloria Castro, exdefensora de la niñez de la Procuraduría de Derechos Humanos, que actualmente trabaja en el área de recursos humanos de esta institución; Brenda Chamán, exjefa del departamento de protección especial contra el maltrato de la Secretaría de Bienestar Social; y Lucinda Marroquín, exsubinspectora de la Policía Nacional Civil.
De los ocho, sólo tres decidieron declarar al inicio del juicio: Harold Flores, Gloria Castro y Carlos Rodas.
Flores dedicó buena parte de su intervención a explicar por qué, a su criterio, no era culpable de los delitos de maltrato contra personas menores de edad, incumplimiento de deberes, lesiones culposas y homicidio culposo.
Pero en un momento dio un dato que podría ser relevante para el futuro. Señaló que Carlos Beltetón, asesor presidencial de la Secretaría de Bienestar Social, estaba en el Hogar Seguro la noche del 7 de marzo de 2017, el día que iniciaron los hechos.
Beltetón,, trabajaba directamente para el presidente, que en ese momento era Jimmy Morales y que, por su cargo, era la máxima autoridad de la Secretaría de Bienestar Social, responsable de los hogares de protección estatales.
Según una nota publicada por el medio Prensa Comunitaria, durante una audiencia de 2017, la declaración de Belteton fue presentada como parte de los indicios del Ministerio Público. El asesor presidencial aceptó que estuvo ese día en el lugar de los hechos y que coordinó la llegada de la PNC. Hasta ahora él no es parte de los sindicados en el proceso.
Jimmy Morales tampoco está imputado en el caso Hogar Seguro, aunque un día después del incendio, en una citación ante el Congreso de la República, un funcionario lo vinculó a los hechos.
Wilson Petronilo López Maldonado, quien entonces era jefe de la comisaría 13 de la Policía Nacional Civil, dijo a los diputados que Morales había ordenado por teléfono que se mantuviera a la PNC a cargo de los niños del Hogar Seguro.
Cuando sucedieron los hechos, por ser el presidente, Jimmy Morales gozaba de inmunidad, lo que impedía al MP investigarlo por este señalamiento. Un grupo de diputados, un abogado y la organización Mujeres Transformando el Mundo presentaron tres solicitudes de antejuicio para que se le retirara esta inmunidad. Las tres fueron rechazadas por la Corte Suprema de Justicia, afín al exmandatario.
En 2020, Morales terminó su período, pero inmediatamente asumió como diputado del Parlamento Centroamericano (cargo que se apresuró en jurar, con la presión de la ciudadanía, que se opuso). A partir del 14 de enero de 2024, el expresidente ya no goza de inmunidad, lo que implica que ya podría ser investigado por la fiscalía.
En su intervención, Harold Flores también indicó que tras el incendio en el Hogar Seguro llegaron representantes de una mesa de alto nivel. No especificó quiénes.
La declaración del exprocurador contrasta con la de Carlos Rodas, el responsable de la Secretaría de Bienestar Social cuando ocurrieron los hechos. Durante su turno, Rodas intentó exculparse y justificar a los demás acusados. Al ser consultado si al momento en que inició el hecho o después le avisó a su superior o al presidente Jimmy Morales de lo que estaba sucediendo, dijo no haberlo hecho.
Rodas también trató de quitar importancia a los señalamientos de la Fiscalía y aseguró que: «A lo que el MP le llama un encierro, nosotros lo ordenamos como un abrigo, un albergue»”.
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Gloria Castro, exdefensora de la PDH, dedicó su declaración ante el tribunal a remarcar su inocencia; algo que ha hecho desde que fue detenida en 2017.
Aseguró que ella había cumplido con su deber al hacer innumerables visitas al Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Añadió que ella había hecho más de 10 denuncias que «nunca fueron atendidas por el Ministerio Público».
Lo cierto es que, según datos oficiales, varias de las denuncias quedaron archivadas en la Fiscalía
Castro también relató a la jueza que el día de los hechos, cuando observó que agentes de la PNC colocaron grilletes a las adolescentes, recomendó que se los quitaran.
Reproducen video
En la audiencia del 30 de enero, mientras los acusados y sus abogados miraban a una pantalla, el Ministerio Público reproducía un video que es parte de la prueba. Las escenas mostraban cómo vivieron la noche previa al incendio las víctimas y otros niños y adolescentes que estaban al cuidado del Hogar Seguro. Frente a las cámaras de un medio de comunicación, adolescentes contaron que en el hogar los agredían físicamente y no les daban “buena comida”.
El abogado Pérez considera que el video aporta un análisis de cómo los niños, niñas y adolescentes estuvieron nueve horas retenidos por la policía sin que existiera una orden judicial, que evidencia una ilegalidad.
«Hay agitación, se ve descontento, se ve una persona que rocía gas pimienta, son elementos que en su momento y con toda la prueba vamos a evidenciar cómo se hizo un trato cruel y deshumano, porque hay un principio fundamental que es el interés superior del niño y que como sociedad no hemos aprendido», reflexionó Pérez.
Un largo camino por recorrer
El juicio inició hace un mes, pero por ahora no ha habido muchos avances. En un inicio, el tribunal había establecido que se realizaría en días alternos. Unas semanas sería los lunes, miércoles y viernes y otras los martes y jueves.
El juicio continuará por varios meses más. Los querellantes en el proceso estiman que de continuar con el ritmo que llevan ahora se podría tener una sentencia en mayo.
Por ahora está pendiente escuchar al menos 45 peritos propuestos por el Ministerio Público y los querellantes, además de unos 50 testigos entre los que están familiares de las víctimas y los testimonios de las 15 sobrevivientes, además de las pruebas de la defensa de los acusados.
Abogados de la defensa solicitaron a la jueza que analizara reducir el número de audiencias a la semana, pero el abogado Edgar Pérez no está de acuerdo.
«Consideramos que los juicios deberían de tramitarse en plazos razonables y eso conlleva que las audiencias no sean muy largas unas entre otras. Hacer una audiencia por semana conlleva que el juicio lleve muchos meses, entonces al final se pierde el impacto de lo discutido. La voluntad del tribunal desde el principio ha sido diligenciar lo más pronto. El abogado que no tenga un abogado sustituto tendrá que ver cómo responde a la obligación que asumió desde el principio», dijo Pérez.
