La jueza Ingrid Vanesa Cifuentes decidió que los policías acusados en el caso Hogar Seguro Lucinda Marroquín y Luis Armando Pérez Borja continúen en prisión preventiva mientras sigue el juicio en su contra. La jueza valoró la advertencia de la Fiscalía sobre los intentos de ambos acusados para influir en testigos. Ambos son acusados por la muerte de 41 niñas y adolescentes en el incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción en 2017.
En la tercera audiencia del juicio en contra de ocho de los doce acusados por el incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, Lucinda Marroquín Carrillo, exsubinspectora de la PNC y Luis Armando Pérez Borja, exinspector de la PNC, solicitaron una vez más salir de la cárcel.
Los dos están en prisión preventiva desde hace seis años y siete meses. Son los únicos acusados que no tienen arresto domiciliario. La razón: el Ministerio Público (MP) tiene indicios de que intentaron influir en testigos del caso. De acuerdo con los registros de la Fiscalía, ambos han solicitado salir de la cárcel en 20 ocasiones y siempre se les ha negado.
En esta audiencia, la jueza Ingrid Vanesa Cifuentes resolvió, una vez más, que continuarán en prisión preventiva.
En el juicio, la fiscalía acusa a Marroquín de tener la llave que abría el candado de la puerta del aula donde el 8 de marzo de 2017 encerraron a 56 adolescentes.
Además, la señalan de no dejarlas salir hasta que pasaron nueve minutos después de que empezaron a pedir auxilio. En el lugar murieron 19 jóvenes y 22 más lo harían en hospitales horas después. Las otras 15 sobrevivieron con lesiones.
Los señalamientos en contra de Pérez Borja se basan en que él habría aceptado custodiar a las adolescentes, aunque sabía que no habían cometido algún delito. Todas estaban bajo protección estatal y habían intentado escapar como protesta por los malos tratos recibidos en el Hogar Seguro. Además, el exinspector tenía a su cargo a los agentes que agredieron a las adolescentes cuando las regresaron al albergue.
Luis Ramírez y Paul Pineda (abogados defensores de Pérez Borja y Marroquín, respectivamente) argumentaron que los policías ya superaron en la prisión preventiva el tiempo mínimo por el que podrían ser condenados y que no hay peligro de fuga de los acusados. Enfatizaron en que se deben priorizar otras medidas antes de la prisión preventiva.
«Se han vulnerado los derechos humanos de mi patrocinado. Es un abuso del Estado que él esté padeciendo la prisión preventiva», dijo Ramírez en la audiencia.
La jueza Ingrid Vanesa Cifuentes concluyó que hay un «peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad», según los documentos de la Fiscalía.
Intentan influir en testigos
El Ministerio Público se opuso a la petición de la defensa. Explicó que ambos acusados están relacionados con incidentes en contra de testigos.
El fiscal Edgar Gómez expuso que el 8 de junio de 2017, una testigo denominada como «testigo G», quien es agente de la Policía Nacional Civil, dijo en declaración a la Fiscalía que cuando acudió a una cita a la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP) de la PNC por la investigación sobre los hechos ocurridos en el Hogar Seguro, un hombre al que por medio de fotografías identificó como Pérez Borja le sugirió que en su declaración indicará que Lucinda Marroquín no tenía la llave y que la misma estuvo prendida en el candado.
Además, según esta testigo, el exinspector le habría advertido que lo pensara muy bien porque no sabía con quién se estaba metiendo. Días después, Pérez Borja fue detenido.
«Este es un hecho clave que se puede verificar, que no sólo se tiene esa sospecha que pueda existir una obstaculización de la averiguación de la verdad. Se materializó un intento directo de tratar de influir en potenciales testigos», advirtió el fiscal.
En cuanto a Marroquín, Gómez hizo referencia a un acta de declaración testimonial del 25 abril de 2022, en la que compareció Vianney Hernández, querellante y madre de una de las víctimas fallecidas.
Ella explicó que en marzo de 2019 una persona que aseguró ir de parte de Marroquín le dijo que quería llegar a un acuerdo por el caso del Hogar Seguro. Hernández también declaró que durante las primeras audiencias de 2017 fue amenazada por un familiar de Marroquín.
La fiscalía alega que hay riesgo de que ambos puedan influir en los testigos, que por temor podrían negarse a comparecer en el juicio. Se espera que 26 testigos que trabajan o trabajaron para la PNC declaren en las próximas semanas.
Edgar Pérez Archila, abogado de 13 de las querellantes en el caso, expuso que la defensa de Pérez Borja «hizo y deshizo» para que el debate no iniciará.
El abogado expuso, por ejemplo, que incluso llegaron a presentar una recusación contra la jueza, que la sala de apelaciones rechazó y concluyó que se trataba de «un acto dilatorio».
En cuanto a la obstaculización que podría darse, señaló que aún no se ha producido la prueba y que muchos testigos se regresan de la puerta.
No se puede alegar la pena estamos iniciando el debate, dijo Pérez.
