Casi siete años después, 82 meses luego del 8 de marzo de 2017, cuando ocurrió el incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, comenzó el proceso en el que se juzgará a los presuntos responsables. Tras una serie de suspensiones de audiencias y enredos legales, el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal inició el juicio en contra de 8 de los 12 acusados por la muerte de 41 niñas y adolescentes y las lesiones de 15 sobrevivientes. Eran jóvenes a cargo de un hogar estatal, víctimas de violencia y abandono que debían ser protegidas. Los acusados son señalados ahora por lo que hicieron, pero también por sus omisiones. Por presenciar el maltrato en contra de las niñas y no haber hecho nada.
El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal convocó para el 9 de enero, una vez más, el inicio del juicio por el caso Hogar Seguro. En el ambiente había cierta incredulidad. Era la novena vez que se había puesto en agenda el comienzo del juicio y no había garantías de que se fuera a realizar, al fin.
En los últimos años, la diligencia se había suspendido una y otra vez. Abogados defensores que se excusaban por estar enfermos, recursos legales que detenían el inicio del juicio, fallas en el sistema de audio de la sala de audiencias, sindicados que cambiaban de defensores, jueces que no querían o no podían conocer el caso… Las excusas eran diversas.
[Lee aquí: Caso Hogar Seguro: El laberinto de la impunidad]
Para el 9 de enero del 2024 no hubo más pretextos. La incertidumbre terminó y el juicio finalmente inició. La jueza Ingrid Vanessa Cifuentes lo declaró abierto.
En la primera fila de sillas negras de la sala de audiencias se sentaron ocho de los acusados en este proceso: Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social; Anahy Keller, exsubsecretaria de Protección; Santos Torres Ramírez, exdirector del Hogar Seguro; Harold Flores, jefe de la Procuraduría de Menores de la Procuraduría General de la Nación; Luis Armando Pérez Borja, exjefe de operaciones de la Policía Nacional Civil; Gloria Castro, exdefensora de la niñez de la Procuraduría de Derechos Humanos; Brenda Chamán, exjefa del departamento de protección especial contra el maltrato de la Secretaría de Bienestar Social y Lucinda Marroquín, exsubinspectora de la Policía Nacional Civil.
Faltaron cuatro: Rocío Albany Murillo Martínez, exjueza de Paz en San José Pinula; Ofelia María Pérez Campos, excoordinadora del Área de Mi Hogar de la Secretaría de Bienestar Social; Crucy Flor de María López Pérez, exmonitora del Centro Juvenil de Privación de libertad para Mujeres Gorriones; y Romeo Rolando Miranda, secretario del Juzgado de Paz de San José Pinula.
No estaban presentes porque el caso Hogar Seguro se dividió en tres procesos penales distintos y ellos están en otra fase: a la espera de ser enviados a juicio.
Anahy Keller continúa en el proceso
En estos siete años hay una acusada que ha buscado insistentemente la manera de desligarse del proceso: Anahy Keller Zabala, la exsubsecretaria de Protección y Acogimiento de la Secretaría de Bienestar Social.
Su situación se remonta a una resolución de 2017, del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal. En ella, el juez Carlos Guerra benefició a Keller con un sobreseimiento. Guerra argumentó en su momento que no había evidencias suficientes en su contra y suspendió el proceso penal.
Francisco Javier Gallardo, el abogado de Anahy Keller, solicitó a la jueza Cifuentes que el inicio del juicio se suspendiera, una vez más, sólo para su defendida. Argumentó que en 2023, la Sala Cuarta de Apelaciones había confirmado la resolución del juez Guerra.
La resolución de esta sala apartaría a Keller del inicio del juicio, salvo por un detalle: aún no está firme. Y esto fue lo que argumentó el Ministerio Público (MP). El fiscal Edgar Gómez recordó que el MP presentó una casación para debatir la decisión de los magistrados en 2023. Los abogados de los querellantes se unieron a la petición de que Keller fuera juzgada.
La jueza resolvió que, mientras la resolución de la sala no esté firme, no hay impedimento alguno para que la exsubsecretaria de Protección y Acogimiento sea parte del juicio.
«Este tribunal no ha recibido ninguna resolución, ninguna certificación de la honorable sala en la que nos obligue a darle cumplimiento. Eso establece que la resolución de la sala cuarta aún no se encuentra firme, caso contrario nosotros ya tuviéramos una certificación y diferente hubiera sido la decisión de este tribunal», concluyó la jueza Cifuentes.
El juicio inició con los ocho acusados, Keller incluida.
[Lee también: El proceso contra Anahy Keller se reinicia]
«Vejámenes y tratos inhumanos»
Después de que la jueza declaró abierto el juicio, le dio la palabra al MP para que hiciera su alegato inicial. El fiscal Edgar Gómez relató la razón por la que los acusados están involucrados en el proceso y aseguró que, al finalizar el debate, con las pruebas, se probará su culpabilidad.
Gómez contó que a la una y media de la tarde del 7 de marzo de 2017 se inició una crisis en el comedor del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en la que participaron las y los adolescentes del centro, y quienes durante el evento escaparon del hogar.
Las adolescentes estaban ahí porque habían sufrido alguna vulneración a sus derechos o estaban en riesgo y necesitaban protección, algo que no recibieron en el hogar del Estado. Antes del 7 de marzo, las denuncias de maltratos se apilaban en la Fiscalía y la Procuraduría de Derechos Humanos.
Diana Méndez Vivar, abogada de las víctimas que están como querellantes adhesivos en el proceso, recordó el hacinamiento, las malas condiciones, la falta de recursos y de atención especializada en la que vivían las niñas y adolescentes víctimas del incendio. Aseguró que los trabajadores de la Secretaría de Bienestar Social sabían esto.
«Los hechos ocurridos el 7 y 8 de marzo del año 2017, que nos ocuparán en este juicio, se enmarcan en un contexto de violaciones de derechos humanos por funcionarios públicos», añadió Juanita Pérez, abogada de Vianney Hernández, madre de Hashly, una de las 41 víctimas.
[Lee aquí: Los gritos de ayuda de las jóvenes quedaron olvidados entre papeles y expedientes]
Según la acusación de la Fiscalía, luego de la crisis y de que las niñas, niños y adolescentes intentaran escapar, a solicitud de Santos Torres Ramírez, el director del Hogar Seguro, personal de la Policía Nacional Civil se presentó para efectuar un operativo. El objetivo era ubicar, detener y reconcentrar a las personas que habían huído.
«Aproximadamente a las 16 horas, ellas y ellos fueron reconcentrados en el portón frente al hogar, donde inició una serie de vejámenes y tratos inhumanos, específicamente hacia ellas», dijo el fiscal Gómez.
El relato de la fiscalía incluye que las adolescentes fueron golpeadas con el bastón policial y que incluso algunas fueron rociadas con gas pimienta, que recibieron maltrato verbal, que las obligaron a tirarse al suelo o permanecer arrodilladas, que algunas fueron engrilletadas aunque no habían cometido ningún delito, que otras estaban descalzas, que habían algunas mojadas porque en su intento de querer escapar del hogar estuvieron en un río de aguas negras, que algunas estaban descalzas y que fueron expuestas a los medios de comunicación, vulnerándolas. Durante nueve horas, desde las cuatro de la tarde hasta la una de la madrugada, estuvieron retenidas.
De acuerdo con la investigación del MP, Carlos Rodas Mejía, exsecretario de Bienestar Social y Anahy Keller, exsubsecretaria de Protección, se presentaron al lugar a las cinco menos 20 de la tarde. Aunque se dieron cuenta de los tratos inhumanos que la PNC daba a las adolescentes, omitieron realizar algún acto en beneficio de ellas, según la acusación.
«Omitió velar porque los procedimientos administrativos aplicados fueron efectivos para coadyuvar el goce de los derechos de las adolescentes, en especial que fueran atendidas de acuerdo con los objetivos del referido hogar. La actitud asumida por el señor Carlos Antonio Rodas Mejía permitió que personal de la policía nacional civil que se había hecho presente mantuvieran en una constante sumisión, retención y represión durante nueve horas aproximadamente a las adolescentes», argumentó el fiscal.
Después de ese tiempo, a las 12 y media de la noche, Rodas, Keller, Flores, Torres y Chamán, se reunieron. Decidieron ingresar y encerrar a las adolescentes en un aula reducida, en donde acostadas solo cabían 11 personas. Esa madrugada, en ese pequeño espacio, ingresaron 56 adolescentes que quedaron a cargo de la Policía.
La fiscalía señala a Brenda Chamán, exjefa del departamento de protección especial contra el maltrato de la Secretaría de Bienestar Social, de ser la persona que sugirió el lugar para encerrar a las niñas y adolescentes. Los otros acusados que participaron de la reunión apoyaron la propuesta.
«Era predecible que pudieran ocasionarse daños a sí mismas»
«Se evidenciará que dicho lugar no era un lugar idóneo para que pernoctaran, poniéndolas en un estado de riesgo latente derivado de esa vulnerabilidad de las adolescentes y que era predecible la posibilidad de que pudieran ocasionarse daños a sí mismas», dijo Gómez.
El fiscal relató que a las nueve menos cuarto de la mañana del 8 de marzo, las adolescentes estaban desesperadas por estar hacinadas, encerradas y sin acceso a un servicio sanitario. Pidieron que las dejaran ir al baño, pero la policía no accedió. Entonces, para llamar la atención y que les permitieran salir, una de las adolescentes le prendió fuego a una de las colchonetas de esponja que les dieron para dormir.
Pensaron que así les abrirían la puerta. A pesar de las llamas, esto no ocurrió. La llave del candado estaba a cargo de una de las ahora sindicadas: la policía Lucinda Marroquín.
En la acusación quedó registrado que las adolescentes gritaron: «¡Hay humo! ¡Hay humo! ¡Abran, hay fuego!», pero Marroquín ignoró la petición de auxilio. Abrió la puerta nueve minutos después de que inició el incendio.
«El clamor no fue atendido», continuó el fiscal.
En el lugar del incendio murieron 19 adolescentes. Otras 22 fallecieron en los hospitales a donde fueron trasladadas. Las 15 sobrevivientes quedaron con heridas. Algunas, hasta ahora, no han podido reconstruir sus cuerpos.
La fiscalía acusa a Harold Flores, jefe de la Procuraduría de Menores de la PGN, de haber sido consciente del uso desproporcionado de la fuerza pública en contra de las 56 niñas víctimas, y no haber velado por su protección.
En el caso de Gloria Castro, exdefensora de la niñez de la Procuraduría de Derechos Humanos el fiscal indicó que, aunque su función era velar por los derechos humanos de las adolescentes, tuvo una actitud pasiva y se retiró del lugar aproximadamente a las 12 menos cinco de la noche del 7 de marzo de 2017, dejando a las adolescentes en un estado de vulnerabilidad.
Para la fiscalía, el director del Hogar Seguro, Santos Torres, debió actuar de forma inmediata para que las adolescentes ingresaran al lugar y que el personal bajo su cargo (psicólogos, trabajadores sociales y educadores) tomaran acciones para protegerlas. La fiscalía le recrimina que pudo evitar que las adolescentes pasaran nueve horas bajo la represión policial y que luego fueran encerradas bajo la custodia de la policía.
El Ministerio Público también señaló que Pérez Borja, el exjefe de operaciones de la PNC, aceptó custodiar a las adolescentes, aunque sabía que no habían cometido algún delito. Además, tenía a su cargo a los agentes que las agredieron.
Pérez Borja y Lucinda Marroquín están en prisión preventiva desde 2017. Son los únicos acusados que no fueron beneficiados con arresto domiciliar. El próximo 16 de enero se realizará una audiencia de revisión de medida para analizar si pueden recuperar su libertad.
Rodas, Keller y Torres son juzgados por los delitos de maltrato contra personas menores de edad, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, homicidio culposo y lesiones culposas.
Gloria Castro, por incumplimiento de deberes; Luis Armando Pérez, por maltrato contra personas menores de edad y abuso de autoridad; Lucinda Marroquín por maltrato contra personas menores de edad, homicidio culposo y lesiones culposas; Brenda Chamán y Harold Flores por maltrato contra personas menores de edad, incumplimiento de deberes, lesiones culposas y homicidio culposo.
Durante el juicio, la fiscalía presentará la declaración que 11 víctimas dieron en anticipo de prueba, más de 80 testigos y peritos, y varias carpetas de documentos.
Los abogados defensores coincidieron en que, aun así, no se podrá probar la culpabilidad de sus clientes, a quienes consideran inocentes.
La audiencia continuará este 12 de enero.
