El proceso contra Anahy Keller se reinicia

Anahy Keller cuando fue capturada en marzo de 2017. (Fotografía: Simone Dalmaso/Plaza Pública).
Anahy Keller cuando fue capturada en marzo de 2017. (Fotografía: Simone Dalmaso/Plaza Pública).

Por María José Longo Bautista

Debido a un amparo avalado por la Corte de Constitucionalidad, el proceso judicial en contra de Anahy Keller, ex subsecretaria de Protección y Acogimiento de la Secretaría de Bienestar Social, volvió al punto donde estaba hace cinco años, antes de ser enviada a juicio. Ahora, un tribunal debe volver a pronunciarse sobre la apelación que el MP y querellantes presentaron hace cinco años para revertir la resolución de un juez que la apartaba del proceso. Esto abre la posibilidad de que la acusada no sea juzgada.


El proceso judicial de Anahy Keller, quien fungió como Subsecretaria de Protección y Acogimiento de la Niñez de la Secretaría de Bienestar Social entre enero de 2016 y el 13 de marzo de 2017, no ha sido como el de los otros 11 acusados que están ligados por acciones y omisiones durante el incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Su caso volvió al punto en el que estaba hace cinco años, cuando aún no iba a juicio, luego de una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que se notificó a las partes el 31 de marzo de 2022.

Mientras los integrantes de los grupos uno y dos esperan el inicio del juico el 9 de enero de 2023, el futuro de Keller vuelve a ser incierto, como lo fue en agosto de 2017, es decir, cuando no se había confirmado si iría o no a juicio.  

Keller, una funcionaria de Jimmy Morales 

Anahy Keller Zabala, comunicadora social, llegó al puesto de subsecretaria nombrada por Jimmy Morales, luego de trabajar durante 29 años en canales de televisión guatemaltecos. Inició en el Canal 5 TV-CE, un canal de televisión abierta a cargo del Ejército de Guatemala. Fue productora o directora de varios programas de televisión, incluyendo algunos de los canales nacionales 3 y 7, como el programa Nuestro Mundo de Canal 7. 

A través de su trabajo como productora conoció al entonces comediante Jimmy Morales, quien fue electo presidente de Guatemala de 2016 a 2020. En 2016, ya como mandatario, Morales nombró a Keller en el cargo de Subsecretaria de Protección y Acogimiento de la Secretaría de Bienestar Social. 

Según las abogadas querellantes, Keller es la persona acusada de mayor rango de responsabilidad institucional en estos hechos, y señalan su idoneidad: «por la incompetencia en el cargo que ostentaba, ella no tenía formación académica, ni profesional para asumir la responsabilidad administrativa y el manejo de los hogares de protección», afirma Paula Barrios, coordinadora de MTM.

Cuando ocurrió el incendio, Morales, era, por jerarquía, la máxima autoridad de la Secretaría de Bienestar Social, pero gozaba de inmunidad presidencial. Ahora, Morales es diputado al Parlamento Centroamericano, y aún goza de la inmunidad que le confiere el cargo. Entre 2017 y 2021 se ha solicitado cuatro veces retirar la inmunidad al expresidente para poder investigar su responsabilidad en el caso, pero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha resuelto que se trata de denuncias políticas y espurias.  

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El 13 de marzo de 2017, cinco días después del incendio en el hogar estatal en el que murieron 41 niñas y adolescentes, Anahy Keller Zabala fue capturada junto a dos acusados más: Carlos Rodas, secretario de Bienestar Social de la Presidencia, y Santos Torres, director del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Estas tres personas quedaron ligadas a proceso el 7 de abril de 2017. La Fiscalía señala a Keller por incumplir con su deber de proteger a las adolescentes y delegar el cuidado a la Policía Nacional Civil. 

Cinco meses después, el 16 de agosto de 2017, el juez Carlos Guerra envió a juicio a Carlos Rodas y Santos Torres, pero respecto a Keller, el juez argumentó que no había evidencias suficientes en su contra, suspendió el proceso penal y ordenó la libertad inmediata. 

Ante esta suspensión otorgada por el juez Guerra, el Ministerio Público (MP) y los querellantes apelaron y el expediente fue asignado a la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal para dar seguimiento al proceso. 

Antes de concluir el mes, el 31 de agosto de 2017, Keller recusó a los magistrados titulares de la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal, Benicia Contreras Calderón, Néctar Guilebaldo de León Ramírez y Jorge Antonio Valladares Arévalo. La exsubsecretaria, que fue removida de su cargo el 13 de marzo de 2017, protestó de que los magistrados titulares ya se habían pronunciado en el caso, pero éstos no aceptaron la recusación.

Sin embargo, el miércoles 18 de octubre de 2017, los mismos magistrados titulares se excusaron voluntariamente de resolver la apelación. Entonces, magistrados suplentes integraron la sala cuarta.

Así, el 4 de diciembre de 2017, la sala notificó que los magistrados suplentes Elisa Pellecer, Mónica Teleguario y Noé Moya habían revocado la decisión del juez Guerra y ordenaron enviar a juicio a Keller.

Tres días después, el 7 de diciembre de 2017, los abogados defensores, por medio de un incidente, denunciaron inconsistencias del proceso. La defensa de Keller planteó una «actividad procesal defectuosa», porque le notificaron el nombre de los magistrados que resolvieron la apelación junto con la resolución y no antes. La norma dice que la notificación sobre quienes integran la sala debe darse antes de que resuelvan, para que las partes conozcan sus nombres y decidan si plantearán algún recurso legal en contra de ellos.

El reclamo por actividad procesal defectuosa fue resuelto sin lugar, entonces Keller mediante sus abogados acudió a la Corte de Constitucionalidad el 12 de diciembre de 2017, para presentar un amparo, que fue admitido pero sin detener el curso del proceso. 

Como el proceso continuó su curso, el siguiente año, el 1 de febrero de 2018, el juez cuarto de Primera Instancia Penal, Pedro Laínez, cumplió la orden de los magistrados de la sala cuarta y envió a juicio a Keller por cinco delitos: lesiones culposas, homicidio culposo, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad. Keller tuvo que regresar a prisión preventiva. Dos meses después, en abril, el juzgado admitió las pruebas que podrán ser utilizadas en el juicio en su contra. 

Keller iría al inicio de juicio junto a los otros acusados del llamado grupo uno, el 11 de febrero de 2019, pero la audiencia se suspendió. Ocote consultó los motivos, pero no hubo respuestas de parte del tribunal.  

En diciembre de 2020, Keller salió de prisión debido a que la jueza Rosa María López decidió darle arresto domiciliario. La decisión la fundamentó indicando que a su consideración existen otras formas de evitar el contacto de la acusada con testigos, como por ejemplo, prohibirle que acuda a lugares donde se pudiera encontrar con ellos.

Por falta de espacio en la sala de audiencias del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, la carencia de jueces asignados al proceso, la pandemia y otros motivos relacionados con el funcionamiento y la ineficiente gestión de los tribunales penales, el juicio que se realizaría en febrero de 2019 se aplazó hasta el 9 de enero de 2023. 

El 24 de marzo de 2022, la Corte de Constitucionalidad resolvió con lugar el amparo inicial presentado por Keller, admitiendo que la hoy acusada debió ser notificada de la conformación de los magistrados suplentes antes de que notificaran su resolución. Lo anterior puede colocar en espera el juicio de Keller, si la Sala llegase a resolver de forma distinta a la que ya resolvió el 4 de diciembre de 2017. Esto hace que en la práctica se regrese al punto en que estuvo el proceso en agosto de 2017 ante la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal. Es decir, a la espera , de nuevo, sobre la apelación de la suspensión.

Seis meses después, el 5 de octubre de 2022, se dio cumplimiento a la orden de la CC. Se tendría una audiencia para que magistrados suplentes de la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal conocieran el incidente de recusación que Keller planteó en el 2017 contra los magistrados que en ese entonces eran titulares. Se suspendió porque la magistrada suplente María Eugenia Contreras Mejía se excusó. No pudo asistir porque saldría de viaje.

Querellantes, familiares de las víctimas y sus abogados esperan junto al MP la razón de la Sala Cuarta para suspender la audiencia. Fotografía de María José Longo.

Hasta el 20 de noviembre de 2022, no se tenía fecha nueva para conocer la apelación, acción que se debe resolver antes de que la sala decida si confirma la suspensión otorgada por el juez Guerra o, nuevamente, envía a juicio a Keller. Esto se debe determinar antes del 9 de enero de 2023, fecha en que debe iniciarse el juicio en contra de los grupos uno y dos.

«La preocupación que tenemos es que la sala no se logre conformar –con magistrados suplentes–. Tomando en cuenta los antecedentes y la experiencia, vemos una situación complicada», explica Juanita Pérez Diego, abogada de los querellantes.   

Anahy Keller firma la razón de la suspensión de la audiencia, llegó a la sala acompañada de su abogado Francisco Javier Gallardo (Fotografía: María José Longo). 
Anahy Keller firma la razón de la suspensión de la audiencia, llegó a la sala acompañada de su abogado Francisco Javier Gallardo. Fotografía de María José Longo.

Silvia Tecún, abogada de la Fundación Sobrevivientes, organización que representa a 28 familias, asegura que «estamos en una incertidumbre legal, no tenemos fecha para la nueva audiencia en la sala [Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal], tampoco sabemos qué resolverá. Todo es muy incierto, incluso tenemos dudas de que inicie el debate el 9 de enero [de 2023]».

La incertidumbre que señala Tecún alude a una serie de decisiones judiciales y de estrategias, tanto de la defensa como de los querellantes, que pueden darse en los próximos dos meses. Todo depende de la decisión de la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal y la fecha en que lo haga.  

[Lee también: Caso Hogar Seguro: El laberinto de la impunidad]

Abogadas de las familias de las víctimas se a la sala cuarta para firmar la razón de la suspensión de audiencia. Fotografía: (María Longo)
Abogadas de las familias de las víctimas se a la sala cuarta para firmar la razón de la suspensión de audiencia. Fotografía de María Longo.

Otra audiencia que se suspende 

A la salida de tribunales, el 5 de octubre de 2022, en la audiencia de la Sala Séptima de Apelaciones para conocer un incidente, Ocote pidió una entrevista a Francisco Javier Gallardo, abogado defensor de Keller, para incluir su versión de este proceso, pero respondió que no están dando declaraciones.  

«Ha habido un litigio malicioso de los sindicados, han agotado todos los recursos legales para evadir el juicio, la acción de los abogados de Keller es una manera de desgastar el caso»”, opina  Paula Barrios.

Para los familiares que acudieron a la torre de tribunales; una suspensión más es un desgaste físico, emocional y material. «Una justicia que no es justa», así lo describió Vianney Hernández, madre de Hashly Angelie Rodríguez Hernández, adolescente de 14 años que murió en el incendio de Hogar Seguro. 

En 2022, se han suspendido al menos seis audiencias relacionadas al caso Hogar Seguro.

«Es algo ilógico e indigno, esta audiencia ni siquiera se tendría que estar dando. Ella [Keller] estaba en ese momento [del incendio], por un error, ella quiere desligarse de algo que sucedió. Ella vio la tragedia y lo que hicieron con las niñas, tenía un cargo en el momento del incendio, no puede desligarse. Me da coraje al ver la injusticia, como madre es doloroso que se vuelva a retrasar el caso sabiendo que 41 niñas fallecieron, 41 niñas que ya no están», dijo la madre de Ashley al salir de la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal.

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