Ana Roselia Pérez Junay creció con escaseces en un lugar donde no podía ser de otra manera: en la aldea Hierba Buena, en San Andrés Itzapa, Chimaltenango, 7 de cada 10 personas viven en pobreza y la mitad de los niños tienen desnutrición. Era la séptima de doce hijos.
A pesar de que en ese lugar casi todas las personas son pobres, un vecino denunció que Ana Roselia y sus hermanos padecían carencias y la solución del gobierno fue quitarles los siete más pequeños a sus padres y dejarlos bajo resguardo del Estado.
Cuando Chela, como la llamaba su familia, fue arrancada de su casa de sus padres, tenía 12 años. No querían separarse, y por eso ella escapó del refugio para volver a casa. El gobierno la buscó y volvió a llevarla al Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
La adolescente quería regresar a su aldea porque ahí era libre. En el hogar estaba encerrada y sufría maltratos. Tenía miedo de que la violaran.
El 7 de marzo de 2017 Chela, de 14 años, y otras compañeras del Hogar Seguro escaparon del lugar por maltrato, pero agentes de la Policía Nacional Civil las detuvieron y, por tercera vez, Chela fue encerrada.
Las llevaron a un salón del Hogar Seguro con 55 compañeras. Las encerraron con llave.
Chela murió a causa de las quemaduras y su familia la veló el 12 de marzo de 2017, en la casa pobre de donde se la llevaron 24 meses atrás. El gobierno de Guatemala la arrancó de la pobreza para llevarla a un lugar donde la mataron.
“Ella solo quería estudiar para ser alguien importante en la vida y ayudar a mis padres”, recuerda Gloria, hermana de la niña.
