La socióloga Alba Lily Muñoz presentó un peritaje sociológico en la audiencia del caso Hogar Seguro del 6 de febrero de 2025. En él, explicó las condiciones en las que las niñas y adolescentes víctimas del incendio vivían en la institución. Según la evidencia que recabó, en este lugar, ellas eran víctimas de distintas manifestaciones de violencia continuada.
Alba Lily Muñoz es una socióloga especializada en género. Ha realizado múltiples investigaciones sobre violencia contra la mujer. En 2017, hizo un peritaje sociológico sobre el caso Hogar Seguro, a petición de la la asociación Mujeres Transformando el Mundo (MTM), querellante adhesivo en el caso.
Para ello, entrevistó a diez de las sobrevivientes, analizó el contenido publicado por medios de comunicación y visitó el hogar en mayo de ese año, dos meses después del incendio.
Según Muñoz, «la tragedia del 8 de marzo del 2017 no puede analizarse solo desde el incendio en sí mismo, sino desde un sistema de violencia de género y de violencia institucional que permitió que ocurriera».
El objetivo de estas violencias era dominar, explotar y controlar a las niñas y adolescentes, «por ser mujeres racializadas, pobres y menores de edad», señala Muñoz.
Como resultado, según la experta, la fuga de las niñas y adolescentes del Hogar Seguro el 7 de marzo de 2017, «no constituyó un hecho fortuito ni aislado, sino fue el desenlace previsible de un continuum de violencia que venía aumentando progresivamente a través del tiempo».
La violencia sexual
En su peritaje, la experta encontró diversos indicios de acoso sexual, por parte de otras compañeras y de los adolescentes que residían en el Hogar San Gabriel, el módulo destinado a hombres que compartía las instalaciones con el de las niñas. También de parte de empleados del hogar, como el cocinero, el profesor de educación física y los agentes de la empresa de seguridad privada que resguardaban el lugar.
«Estos agentes les ofrecían ayudarlas a fugarse a cambio de tener relaciones sexuales con ellas. En muchos casos ocurrió que las niñas accedieron y ellos después olvidaron la promesa. Únicamente las utilizaron», explica la socióloga.
Los testimonios de las sobrevivientes también denunciaron a un encargado del hogar (cuyo nombre no fue mencionado) que, sistemáticamente, sacaba a alguna niña durante la noche y la llevaba a un área establecida.
«Después de un tiempo, la niña regresaba llorando y nunca podían hablar», indica Muñoz.
La experta también identificó indicios de trata. Según las entrevistas que condujo Muñoz, «cada cierto tiempo se hacía una especie de excursión, que era solo para algunas niñas previamente seleccionadas y también llevaban a adolescentes de San Gabriel. Se los llevaban en un microbús un día completo y volvían muy mal. Nadie podía hablar, solo lloraban y lloraban por días. Algunas veces, las mandaban con la psicóloga 15 minutos y eso era todo».
Desde el 2016, niñas y adolescentes denunciaron posible trata de personas y abuso dentro del hogar. Nunca se investigó.
Los testimonios de las adolescentes también revelaron la existencia de embarazos en varias de las adolescentes, producidos durante su estancia en el Hogar. Estos «constituyen evidencia fehaciente de que el Estado no las cuidó, no las protegió, ni garantizó su integridad personal, aun cuando estaban bajo su cuidado», indica Muñoz.
El Estado, responsable de la represión
El 7 de marzo de 2017 no fue la primera ocasión en la que niñas y adolescentes huyeron del Hogar Seguro. Según el análisis criminal del caso, conducido por el Ministerio Público (MP), entre 2013 y 2017, más de 300 niñas, niños y adolescentes se habían escapado del lugar.
«Los y las adolescentes se vieron impedidos a intentar la fuga como estrategia de supervivencia y como guía para recuperar su libertad luego de permanecer en un lugar que tenía más características de un campo de concentración que de un hogar de protección y abrigo del Estado».
Según el peritaje de Lily Muñoz, era una respuesta a las múltiples condiciones en las que vivían. En las entrevistas, «refirieron comida de mala calidad, algunas veces en mal estado, vestimenta insuficiente o inadecuada, hacinamiento y condiciones deficientes en los dormitorios, condiciones insalubres en los baños y distribución limitada de productos de higiene personal», indica la experta.
Estas condiciones fueron también denunciadas por sobrevivientes que han brindado su testimonio durante el juicio.
Las niñas y adolescentes recibían clases solo dos o tres días a la semana. La enseñanza era deficiente porque los profesores les daban instrucciones mínimas y luego, las dejaban solas en el aula. Según las sobrevivientes, todas eran promovidas de nivel sin tener un aprendizaje real.
Las monitoras no representaban figuras de seguridad y protección para las niñas. Más bien, las sometían a castigos inhumanos y crueles que hacía que las vieran como figuras autoritarias, que les causaban temor, según la perita.
Algunos de estos eran «someterlas a ejercicios físicos excesivos, obligarlas a realizar tareas de limpieza desmedidas por largos períodos de tiempo, violentarlas física y verbalmente, despertarlas aventándoles agua fría sobre sus cuerpos en reposo, despojarlas de sus chamarras para abrigarse por la noche, encerrarlas bajo llave y sin comer por largas horas y hasta días».
A manera de castigo, también se les suspendían las visitas y llamadas familiares. Todas las sobrevivientes entrevistadas dijeron que eran sometidas a largas jornadas de ejercicio físico, desmedido y extenuante.
«En cuanto al estado emocional, las adolescentes refirieron miedo, tristeza, desesperanza, soledad, inseguridad, indefensión, sentimiento de abandono, rabia, depresión e incertidumbre», indica Muñoz. Algunas recurrían a la autolesión como mecanismo de afrontamiento y eran castigadas, en vez de ser enviadas a la psicóloga.
El peritaje también reveló el papel de los jueces en esta violencia continuada. Estos funcionarios contribuyeron a la inseguridad física y psicológica de las niñas, porque tomaban decisiones importantes sobre sus vidas sin tomarlas en cuenta o conocer sus deseos y necesidades.
Además, tendían a institucionalizarlas sin agotar los esfuerzos para ubicar a otros familiares o familias de acogida quienes pudieran resguardarlas. Las niñas y adolescentes permanecían institucionalizadas en el hogar por períodos prolongados, durante los cuales la distancia con sus familias se hacía cada vez mayor.
Según el peritaje, el Estado falló en proteger a las niñas y adolescentes, víctimas y sobrevivientes del incendio del 8 de marzo de 2017.
«La falta de protección social en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción lo convirtió en un espacio de violencia institucional. En vez de brindar un entorno de protección y desarrollo para las niñas y adolescentes, se convirtió en un espacio de violencia sistemática, negligencia y represión», concluyó Muñoz.
