El tribunal séptimo de sentencia penal escuchó la declaración de Vianney Hernández el 20 de febrero de 2025. Ella es madre de una de las 41 víctimas del incendio ocurrido en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción el 8 de marzo de 2017. La testigo señaló intentos de coacción por parte de Lucinda Marroquín, una de las acusadas.
En resumen:
- Vianney Hernández se encuentra en el exilio porque personas enviadas por Lucinda Marroquín intentaron coaccionarla.
- Hernández no es la única testigo que ha denunciado intentos de coacción. Otras familiares de víctimas y testigos también lo hicieron.
- Después de siete años en prisión preventiva, Marroquín recuperó su libertad en agosto de 2024.
Vianney Hernández no ha dejado de buscar.
En marzo de 2017, buscó durante dos días el cuerpo de su hija, Hashly Angelie Rodríguez Hernández, en el hospital San Juan de Dios, el hospital Roosevelt y la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Hashly Rodríguez fue una de las víctimas del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, que albergaba a niñas y adolescentes bajo tutela del Estado, el 8 de marzo de 2017.
Después de que el cuerpo le fue entregado, Hernández decidió buscar justicia.
No sólo por su hija, sino por las 41 niñas y adolescentes fallecidas y por las otras 15 que experimentaran quemaduras que las marcarán de por vida.
«Cuando estábamos en el cementerio le prometí y le juré que yo iba a luchar por justicia para ellas», recuerda.
Las madres de las niñas crearon un colectivo. Realizaron actividades conmemorativas y acompañaron el proceso judicial en contra de 11 sindicados, que por procedimiento jurídico fueron divididos en tres grupos.
Hernández fue la vocera de las madres hasta que, en 2023, decidió exiliarse.
«Mi vida corría riesgo por buscar justicia para mi hija», afirma.
En enero de 2024 inició el juicio contra 8 de los acusados (grupos uno y dos) y la búsqueda de Vianney Hernández no ha cesado.
El 20 de febrero de 2025, desde Estados Unidos y por medio de una videoconferencia, declaró como testigo propuesta por la Fiscalía.
En su relato, narró que llegó al hogar a las 11 de la mañana del 8 de marzo de 2017.
Su hija fue identificada hasta dos días después, en la morgue del Inacif.
Hernández y su familia no obtuvieron apoyo del Estado para gastos funerarios ni para atención psicosocial.
«Yo confié en el Estado, confié que ella iba a estar bien porque me dijeron que ahí (en el hogar) tenían todo: estudio, psicología, todos los programas que tenían», asegura.
Sin embargo, la realidad fue diferente. Las niñas «estaban en un infierno físico y psicológico», agrega.
Consecuencias de la búsqueda de justicia
Hernández acompañó el proceso judicial desde sus inicios. Asistía a las audiencias con otras madres e integrantes de 8 Tijax, un colectivo que busca visibilizar el caso y recordar a las víctimas.
«Los policías de la Torre de Tribunales nos quitaban las playeras. Nos quitaron hasta un celular», indica.
En ocasiones, incluso les negaban el ingreso si no eran acompañadas por sus abogados.
Durante una actividad conmemorativa realizada en la Plaza de la Constitución, frente al llamado «Altar de las niñas», Hernández se percató de que un hombre la seguía.
En otra ocasión, recibió a una periodista en su casa. Pidieron un Uber y, al salir, notaron que había personas fotografiándolas a ellas y al vehículo.
Esto generó miedo en las madres y algunas decidieron ya no acompañar el proceso, recuerda Hernández, quien se mantuvo firme.
Recordó en el juicio que durante el receso en una de las audiencias, varias madres fueron a la cafetería que frecuentaban. Mientras caminaban, le apuntaron con un arma desde un vehículo.
Al regresar, Hernández se lo comentó al abogado que la representaba como querellante adhesiva.
«Yo vi a ese señor (que le apuntó con el arma) sentado aquí en la sala. Con el tiempo, cuando se verificó, dijeron que era familiar de una de las sindicadas, Lucinda Marroquín», afirma.
Lucinda Marroquín fue subinspectora de la Comisaría 11 de la Policía Nacional Civil (PNC).
Es acusada de ser quien tenía la llave que abría la puerta del salón donde fueron encerradas y murieron quemadas las niñas.
Según el análisis criminal del MP, el salón se quemó por 4 minutos y 58 segundos sin que nadie abriera la puerta. Marroquín permaneció ese tiempo hablando por el celular, según la acusación.
Policía «quería negociar»
Vianney Hernández también relata que en una ocasión se le acercó un conocido en el centro comercial Metronorte, en la zona 17, que aseguraba llevarle un mensaje de Lucinda Marroquín.
Le dijo que Marroquín sabía que ella estaba «pendiente de las audiencias y que las mamás de las otras víctimas la escuchaban».
«Ella quería llegar a un acuerdo. Que yo hablara con las mamás para que no fuera juzgada, porque ella sabía que todo el peso de la ley le caería por ser una persona de bajo rango», testificó Hernández.
Después de eso, Hernández denunció a Marroquín por coacción ante el MP. Pero la denuncia fue desestimada porque «no era una amenaza».
«Yo sé bien que no era una amenaza, pero me querían dar a entender que estaban siguiendo mis pasos, que sabían qué hago, a dónde voy y dónde vivo».
Después de esa serie de acciones, en 2023, Hernández decidió exiliarse. Ahora se encuentra en Estados Unidos.
Lucinda Marroquín permaneció en prisión preventiva durante siete años, al igual que el ex subcomisario Luis Armando Pérez Borja, sindicado también en este caso.
Ambos quedaron en prisión preventiva luego de múltiples señalamientos de intentar obstaculizar la averiguación de la verdad e influir en testigos.
Durante la investigación, varios testigos, agentes de la PNC, también denunciaron coacción por parte de Marroquín, quien les pidió copia de sus declaraciones ante el MP.
Un testigo protegido, identificado como testigo «O», denunció haber sido intimidado y coaccionado por Marroquín y Pérez Borja.
Sin embargo, la Sala Segunda de Apelaciones resolvió que debían quedar en libertad condicional el 20 de agosto de 2024 bajo el argumento de que los años en prisión «superan una eventual condena».
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Ha pasado un año y un mes desde el inicio del juicio por el caso Hogar Seguro.
Durante ese tiempo, la jueza Ingrid Vanessa Cifuentes escuchó a testigos y peritos y verificó prueba documental de la fiscalía.
Ahora, deberá conocer los peritajes presentados por organizaciones de sociedad civil que representan a las madres de las víctimas.
Luego, iniciará la presentación de evidencia por parte de la defensa.
