Ocho años han pasado desde el 8 de marzo de 2017, cuando los gritos de auxilio de 56 niñas encerradas en un aula del Hogar Seguro Virgen de la Asunción no fueron escuchados. Estaban hacinadas, encerradas por haber intentado escapar del hogar estatal al que señalaban por maltratos, violencia sexual y trata. 41 murieron, 15 sobrevivieron con quemaduras. El juicio en contra de ocho exempleados públicos, señalados por el caso, inició en enero de 2024. Aquí te contamos los puntos más importantes de lo que ha pasado en estos 14 meses de audiencias y lo que falta antes de conocer la sentencia.
En resumen:
- En el primer año del juicio del Hogar Seguro, se han escuchado un aproximado de 40 testigos y 40 peritos. Han agotado más de 800 documentos y ahora están entregando la prueba material.
- De las pruebas del Ministerio Público falta una de las sobrevivientes que contará lo que vivió por videoconferencia y un perito de incendios que rendirá su declaración desde Alemania.
- Durante el juicio, testigos han mencionado al expresidente Jimmy Morales y su participación en los hechos, aunque este no está entre la lista de acusados. También han cuestionado las denuncias de trata y violencia sexual que se denunciaron previo a la tragedia, pero no se investigaron.
El 10 de enero de 2024, en el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, la jueza Ingrid Vanessa Cifuentes inició el juicio por el Caso Hogar Seguro. Desde entonces hasta el 8 de marzo de 2025, 14 meses después, se han realizado más de 85 audiencias.
En este tiempo se escuchó a peritos que explicaron lo que pasó con las niñas que tenían quemaduras hasta en el 95 por ciento de su cuerpo. Contaron sobre cuerpos carbonizados y niñas que murieron por asfixia al no poder respirar durante el incendio.
Testigos y peritos que hablaron sobre los maltratos que las niñas sufrían en el hogar cuestionaron las denuncias previas por agresiones sexuales y trata que no fueron investigadas por la fiscalía.
Las sobrevivientes del incendio han sido unas de las testigos claves. Una de ellas aseguró que «en cinco minutos ya estaba todo (el fuego) extendido y ni así nos querían abrir la puerta».
La tesis de la fiscalía es que el 7 de marzo de 2017, niñas y niños al cuidado del hogar intentaron escapar, fueron reconcentrados por agentes de la Policía Nacional Civil y a 56 niñas y adolescentes las colocaron en un aula que cerraron con un candado.
La mañana del 8 de marzo, mientras estaban bajo la vigilancia de policías, inició un incendio en el aula. Las niñas gritaron, pero no les abrieron la puerta y durante nueve minutos se quemaron. La llave, según los testigos, la tenía la expolicía Lucinda Marroquín.
En conversación con Ocote, el fiscal Edgar Gómez, hace el recuento del primer año del juicio. Explica que han escuchado un aproximado de 40 testigos y 40 peritos y ya se han presentado 800 documentos.
Actualmente en esta etapa de debate están entregando la prueba material. Aún deben escuchar algunos testigos propuestos por los abogados de las víctimas y de la defensa.
De las pruebas del Ministerio Público falta una de las sobrevivientes, que contará lo que vivió por videoconferencia y un perito de incendios, que rendirá su declaración desde Alemania.
No son los únicos testigos que han declarado desde el extranjero. Gómez explica que esto también demandó tiempo. Al menos un mes para el trámite de autorización de las videoconferencias internacionales.
Los testigos que ya no están
La fiscalía renunció al menos a 10 testimonios.
Extrabajadores del Hogar Seguro que migraron de forma irregular a Estados Unidos, lo que impidió que pudieran ser localizados.
Además, tampoco contarán con los testimonios de otro trabajador que murió, una policía que está en estado crítico en el intensivo de un hospital y la madre de una de las víctimas que a causa de la diabetes perdió la vista.
«Consideramos que su versión podría ser suplida con otros medios de prueba que tenemos. No afecta a nuestra estrategia pues hay otros medios de prueba en donde se puede corroborar la información que ellos podían aportar», dijo el fiscal.
Las piezas que faltan: el papel de Jimmy Morales
Durante el juicio, al menos ocho acusados han mencionado al expresidente Jimmy Morales y su participación cuando ocurrieron los hechos.
Lo señalan de haber ordenado que los policías se quedaran en el lugar aun cuando los niños y adolescentes que intentaron escapar del Hogar Seguro no tenían un conflicto con la ley penal. Debían ser protegidos por el Estado, no custodiados por la fuerza pública.
El relato de los testigos también coincide en que el mandatario incluso ordenó la presencia de cien agentes más.
Cuando ocurrió el incendio, el presidente Morales tenía la inmunidad que le daba su cargo de presidente de la República, lo que impidió que fuera implicado en el caso. Las solicitudes para que se le retirara este privilegio fueron rechazadas por la Corte Suprema de Justicia. Ahora, la fiscalía podría investigarlo, ya que actualmente no está protegido por el antejuicio que blinda a los funcionarios.
«Con el caso del expresidente Morales tengo el conocimiento que fue la fiscalía de delitos administrativos que en su oportunidad presentó una acción de antejuicio en 2017», dice a Ocote el fiscal Edgar Gómez. «No sé si la investigación o el expediente está activo, fue archivado o fue desestimado, o en algún momento se encuentra activo en investigación», agrega.
Las denuncias de trata que no fueron investigadas
Testigos también han mencionado denuncias de trata y violencia sexual que se presume sufrieron las niñas cuando estaban en el Hogar Seguro.
El fiscal Gómez explicó que después del incendio, en la fiscalía de trata se conformó una mesa y una unidad para conocer las denuncias.
«Por la confidencialidad nuestra fiscalía no tuvo más información, solo nos enteramos de que había una unidad especial que estaba haciendo las investigaciones. Tengo conocimiento que había información sobre abusos sexuales, violaciones de educadores, maestros, guardias de seguridad y que se trabajaba cada caso en particular», dijo Gómez.
El estado de Anahy Keller
El grupo de los acusados está integrado por: Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social; Anahy Keller, exsubsecretaria de Protección; Santos Torres Ramírez, exdirector del Hogar Seguro; Harold Flores, jefe de la Procuraduría de Menores de la Procuraduría General de la Nación; Luis Armando Pérez Borja, exjefe de operaciones de la Policía Nacional Civil; Gloria Castro, exdefensora de la niñez de la Procuraduría de Derechos Humanos; Brenda Chamán, exjefa del departamento de protección especial contra el maltrato de la Secretaría de Bienestar Social y Lucinda Marroquín, exsubinspectora de la Policía Nacional Civil.
En junio de 2024 se conoció que una resolución judicial benefició a Anahy Keller para quedar fuera del juicio. Las acciones legales de la fiscalía y de los abogados de las víctimas lo impidieron. Por ahora está pendiente la resolución de una casación y un amparo. Mientras no se tenga una resolución firme, Keller continuará como acusada en el juicio.
La sentencia
La Fiscalía considera que el tiempo que ha llevado el juicio no era el esperado, pero es comprensible tomando en cuenta la cantidad de personas implicadas en el proceso.
En cada audiencia intervienen un abogado por acusado (ocho en total), al que se suma la Fiscalía y cinco abogados de los querellantes que representan a las víctimas
El fiscal estima que para conocer la decisión final de la jueza falta muy poco. Espera que emita la sentencia entre abril y mayo de 2025.
