Eddy Méndez, analista criminal del Ministerio Público (MP), presentó los hallazgos del análisis criminalístico que realizó sobre el caso Hogar Seguro. En él, reconstruyó los hechos del 7 y 8 de marzo del 2017, cuando 56 niñas bajo la tutela del Estado fueron víctimas de un incendio en el hogar de protección. La conclusión del MP fue clara: los acusados incumplieron sus funciones.
- El análisis criminalístico del MP reveló que el incendio duró 4 minutos y 58 segundos. Lucinda Marroquín hablaba por teléfono cuando sucedió.
- Las niñas y adolescentes habían abandonado el proceso por las malas condiciones del hogar.
- El MP acusa a los 6 exfuncionarios del gobierno de Jimmy Morales y a los 2 exagentes de la PNC de incumplir sus labores el 7 y 8 de marzo del 2017.
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Más de un año ha transcurrido desde el inicio del juicio por el Caso Hogar Seguro, en el que hay ocho exfuncionarios del gobierno de Jimmy Morales acusados.
Se han presentado más de 700 pruebas documentales y 45 peritajes, según la Fiscalía contra el Delito de Femicidio del Ministerio Público.
Estas han permitido demostrar las condiciones en las que las niñas y adolescentes vivían en el hogar de protección y reconstruir los hechos del 7 y 8 de marzo del 2017 que terminaron con la vida de 41 niñas y adolescentes e hirieron de gravedad a otras 15.
Durante la audiencia celebrada este 23 de enero de 2025, declaró Eddy Méndez Figueroa, coordinador de la dirección de análisis criminal del MP. En su intervención explicó el resultado del informe de análisis criminal del caso.
Previo al incendio del 8 de marzo, el Hogar Seguro transitaba una situación turbulenta. Méndez explicó que, entre 2013 y 2017, más de 300 niñas, niños y adolescentes se habían escapado del lugar.
Tan solo el 29 de septiembre de 2016, 31 niñas y adolescentes salieron del hogar. Desde ese año hasta marzo de 2017, la Fiscalía contra la Trata de Personas recibió cuatro denuncias de trata en el lugar.
Aun así, la institución continuó funcionando.
La reconstrucción de los hechos
Con la ayuda de fotogramas y de testimonios, el analista del MP expuso la reconstrucción de la jornada.
El 7 de marzo de 2017, hubo un conflicto entre dos adolescentes en el comedor del Hogar Seguro. Según la investigación del MP, fue un distractor planeado por las niñas y adolescentes para permitir que el resto escaparan del hogar. Fue una consecuencia del descontento generado por las condiciones en las que vivían.
En otras audiencias, sobrevivientes del incendio han dicho que, en el hogar, carecían de artículos de higiene básica y recibían comida en mal estado. Según Méndez, también dijeron haber sufrido maltratos y violencia mientras estaban bajo tutela del Estado.
Mientras el personal intentaba solucionar el conflicto en el comedor, las niñas y adolescentes corrieron hacia el portón principal. Según la investigación del MP, las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) acababan de prescindir de la seguridad privada, por lo que un solo guardia resguardaba las instalaciones del centro.
Algunas sobrevivientes dijeron que este guardia «prácticamente les abre la puerta», indica Méndez. Al salir, se encontraron con una patrulla con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Algunos testimonios señalaron que hubo disparos al aire, según el analista.
La PNC recuperó a las niñas y adolescentes que abandonaron el centro. «Algunas manifestaron que fue de forma violenta», dice Méndez. Las regresaron a las afueras del hogar, a partir de las 16:20
Minutos más tarde, a las 16:42, comenzaron a llegar las autoridades del hogar seguro, la SBS, Procuraduría General de la Nación (PGN) y Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
«Empezó una especie de contradicción sobre qué hacer con los niños, niñas y adolescentes. Esta situación provocó que fuera pasando el tiempo y que se creara más tensión», indica Méndez. La PNC pidió el apoyo del núcleo de reserva (antimotines), lo que aumentó aún más la tensión», explica el especialista.
Los testimonios de niñas y adolescentes señalan que fueron golpeadas y lastimadas por la PNC. Algunas fueron rociadas con gas pimienta. El personal del hogar se negó a recibirlos de vuelta.
Las autoridades se reunieron antes de la medianoche y levantan un acta donde resolvieron reingresar a las niñas y adolescentes. Acordaron que la PNC las custodiaría dentro del hogar. Terminaron de ingresar aproximadamente a las 2:00 de la madrugada del 8 de marzo.
Colocaron a las niñas y adolescentes en un salón de pedagogía, con capacidad únicamente para 11 niñas acostadas. Ingresaron a 55 y, más tarde, a una más que regresaba del hospital.
No les dieron cobijas ni sábanas con las que abrigarse.
El incendio
Las niñas y adolescentes fueron encerradas bajo llave y custodiadas por agentes de la comisaría 13.
A las 3:00 de la madrugada llegó a relevarlas otro grupo. «Según manifiesta la encargada del primer grupo, le entrega la llave del candado que estaba puesto en la puerta del salón» a la nueva encargada, la subinspectora Lucinda Marroquín.
Cuando despertaron, las niñas pidieron alimentarse y utilizar el sanitario, pero este no tenía agua. Lo manifestaron y les prohibieron utilizarlos.
A las 8:10 horas, se les llevó el desayuno en recipientes de duroport. Algunas no desayunaron porque temían que la comida contuviera calmantes.
En sus declaraciones, señalaron que era usual que la comida las hiciera dormir.
Los encargados de los alimentos dijeron que Marroquín tenía la llave que abría el salón. «Desde las 3 de la mañana, a lo largo del turno, refieren los testimonios de las niñas, así como los de anticipo de prueba de agentes de la policía, que las diferentes veces que se abrió el candado, siempre lo hizo la subinspectora», señala Méndez.
Un fotograma de las afueras del salón demostró que empezó a salir humo del lugar a las 9:01 horas. A las 9:05, se convierten en columnas de humo porque las ventanas, probablemente, se rompieron. A las 9:06, el humo se vuelve gris y sale en mayor cantidad porque, según Méndez, se abrió la puerta.
El salón se quemó por 4 minutos y 58 segundos sin que nadie abriera la puerta.
Lucinda Marroquín es acusada de no abrir la puerta del salón, a pesar de que estuviera en llamas. Esto fue confirmado por los testimonios de exagentes de la PNC presentados en la audiencia del 29 de agosto. «Ella se puso a llamar, a agarrar el teléfono. Todas le decíamos: jefa, abra, pero ella (estaba) con el teléfono», indicó una de ellas, testigo protegida.
El MP analizó el celular de Marroquín y lo confirmó. «Usó el teléfono durante el incendio y en el momento más crítico del mismo», indica Meléndez. Además, compartió por WhatsApp fotos de las niñas heridas.
Los agentes y el personal del hogar intentaron auxiliar a las niñas y adolescentes sin éxito. El incendio provocó que la temperatura dentro del salón alcanzara unos 300 grados centígrados, según el análisis del MP.
Finalmente, sacaron a quienes aún tenían signos vitales y las colocaron en una fila frente a la administración. Les colocaban sábanas con agua en sus heridas.
Los bomberos llegaron unos 15 minutos después, pero la alerta que les hicieron no fue la adecuada. Solo les dijeron que hubo un conflicto por lo que no llevaban extintores ni el equipo necesario para atender la emergencia.
Debido a la gravedad de la emergencia, bomberos voluntarios y municipales debieron trabajar en conjunto.
En sus conclusiones, la unidad de investigación criminalística del MP señaló que las niñas y adolescentes víctimas del incendio no «tenían una vida normal». Vivían en condiciones de pobreza y pobreza extrema y de violencia en sus hogares. Esto explica la manera en la que reaccionaron ante la policía.
El investigador concluyó que los ocho sindicados incumplieron sus funciones el 7 y 8 de marzo. Sobre todo, al desproteger a las niñas y adolescentes.
