En la sala de vistas, ubicada en el quinto nivel de la Torre de Tribunales, no solo reina el calor, que obliga al casi centenar de personas que asiste a abanicarse con hojas de papel y secar su sudor. También lo hace el silencio. Horas antes, la jueza llamó al orden y dijo que no permitiría comportamientos inadecuados para un tribunal, después de que el público gritara que no se escuchaba el audio.
A diferencia de las 120 audiencias que se celebraron antes de esta, hoy en la sala está casi llena. Hay cerca de un centenar de personas. Las sobrevivientes del incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, las familias de las víctimas, las integrantes de organizaciones de sociedad civil y la prensa escuchan mientras la jueza reconstruye las jornadas del 7 y 8 de marzo del 2017 en el Hogar Seguro.
Lo hace, dice, a partir de las más de mil pruebas documentales y audiovisuales que observó y los 107 testigos y 45 peritos que escuchó durante el debate público.
Los abogados defensores escuchan también, atentos, serios. Toman notas con rapidez. No pareciera que, hace tan solo unos minutos, se tomaban selfies con grandes sonrisas.
«Es para el recuerdo», decía Norma Medina a su patrocinada, Brenda Chamán. El único que permaneció fuera del ritual fue LuisFernando Ruíz Ramírez, defensor de Luis Fernando Pérez Borja, quien hablaba por teléfono, con el ceño fruncido.
Tres momentos, un final fatídico
El incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el 8 de marzo de 2017, fue el resultado de una serie de «situaciones delicadas». Así nombra la jueza Ingrid Vannesa Cifuentes a las acciones y omisiones ocurridas esa mañana y el día anterior.
Una de ellas, a criterio de la juez, fue que una niña que sufrió un accidente de cadera como resultado de una caída del techo y debía estar en reposo, fue reingresada al salón donde ocurrió el fuego sin ningún cuidado especial.
Otra: que ese 8 de marzo, las autoridades del Hogar Seguro llamaron a los bomberos demasiado tarde; cuando el fuego ya había consumido el espacio.
Durante más de dos horas, la jueza resume los hechos que el Ministerio Público (MP) probó durante 20 meses de audiencias. Lo hace con seguridad, mientras consulta las decenas de folios que conforman la sentencia. Los acusados la miran directamente y, algunos, a la mención de sus nombres, bajan la cabeza.
El incendio en el Hogar Seguro, dice la jueza, es el resultado de tres momentos. Los dos primeros, cuando las niñas, niños y adolescentes escaparon del hogar denunciando maltratos, el 7 de marzo de 2017 y su reconcentración afuera de las instalaciones. El tercero, lo ocurrido en el salón el día siguiente, que finalizó con el incendio a las 9:01 horas del 8 de marzo.
Para entender lo que sucedió, añade la jueza, es necesario implementar un concepto: la interseccionalidad. Este permite entender por qué las niñas y adolescentes, que vivían situaciones como la pobreza y la violencia, fueron sometidas a tratos similares dentro del hogar.
En el peritaje psicológico, se demostró que el actuar de las niñas y adolescentes el 7 de marzo fue resultado de «secuelas esperables» para sus condiciones de vida.
En ese contexto, «los adultos tenían más capacidad de decisión», recuerda la jueza.
El papel de la policía
En varias ocasiones, Cifuentes resalta el actuar de la Policía Nacional Civil (PNC). Pone en duda por qué, la noche del 7 de marzo, llegaron más policías, «si ya se había lidiado con los patojos», dice. Más adelante, también cuestionó por qué los agentes portaban grilletes y gas pimienta.
Durante el juicio, el MP logró comprobar que existió «un uso desproporcionado de la fuerza», sentencia.
Por momentos, parece que el debate oral y público dejó más preguntas que respuestas. Durante su argumentación, la jueza resalta situaciones que no se lograron esclarecer. Una de ellas, es por qué, en los análisis toxicológicos, los cuerpos de las niñas fallecidas tenían altos niveles de sustancias como morfina y clonazepam.
La crueldad hecha palabras
Los acusados escuchan a la jueza con los ojos abiertos y expectantes. Por momentos, son mencionados: el subcomisario Pérez Borja ordenó a la PNC que ingresaran al salón, la ex subinspectora Lucinda Marroquín tenía la llave que abría el candado y el resto de funcionarios, garantes del bienestar de las niñas y adolescentes, se retiraron cuando más los necesitaban.
Después de más de una hora de argumentación, la jueza explica el momento definitivo: el incendio. El análisis criminal, presentado por el MP durante el juicio, comprobó que el fuego inició a las 9:01 y se mantuvo durante nueve minutos. Dentro, las niñas gritaban y pedían auxilio, mientras las agentes de la PNC alertaban a la persona a cargo: la exsubinspectora Lucinda Marroquín.
«Ella dijo: “Que se quemen esas hijas de puta”», lee la jueza. Un suspiro colectivo llena la sala de audiencias. Marroquín permanece con la cabeza agachada.
El 8 de marzo de 2017, 17 niñas y adolescentes fallecieron dentro del salón y dos en el área administrativa del hogar. Once más murieron en el Hospital General San Juan de Dios, diez en el Hospital Roosevelt y una en Estados Unidos mientras recibía tratamiento por quemaduras graves.
Las sobrevivientes se quedaron con heridas que las acompañarán toda la vida. Cifuentes decide mencionar a una de ellas: una adolescente cuyas piernas fueron amputadas después del incendio. Su rostro sufrió deformaciones e incluso perdió sus párpados. En una ocasión, intentó suicidarse.
En uno de los peritajes, se mencionó que las niñas tenían «fuego en la lengua». Esto demuestra que estaban vivas mientras se quemaban. Algunos de sus cuerpos, dice la jueza, estaban completamente carbonizados.
El ambiente cambia en la sala de audiencias. Al escuchar los detalles, las sobrevivientes y las familias de las víctimas lloran en silencio. Se toman de las manos, se abrazan, se acompañan.
De 6 a 25 años de sentencia
Cifuentes decide no condenar a los acusados por el delito de lesiones culposas. Dice que, durante el juicio, solo se logró establecer una acción que provocó tanto las heridas como la muerte de las niñas y adolescentes. Por ello, solo dictará una pena por homicidio culposo.
La jueza tampoco accede a la solicitud de la fiscalía de sentenciar a los acusados a dos años de prisión por maltrato de menores, que se multiplicarían por cada una de las 56 víctimas (112 años en total).
Con apoyo de la sentencia escrita, pero con los ojos en el público la mayor parte del tiempo, Cifuentes atribuye las responsabilidades de cada uno de los acusados el 7 y 8 de marzo del 2017. Luego, procede a sentenciarlos.
El primero es Santos Torres Ramírez, exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Las pruebas conocidas por la jueza evidenciaron que faltó al deber de cuidado y, más bien, fue negligente al delegar la custodia de las niñas y adolescentes a la PNC.
Torres es sentenciado a cinco años de prisión conmutables por el delito de maltrato contra menores de edad, seis años inconmutables por incumplimiento de deberes, seis años por abuso de autoridad y ocho por homicidio culposo.
El siguiente es Carlos Antonio Rodas Mejía, exsecretario de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) y el funcionario con el rango más alto que es juzgado.
«Con las calidades que le asisten, omitió realizar actos propios de sus funciones, desarrollar acciones prioritarias de protección integral especial de la niñez y velar porque los procedimientos administrativos fueran efectivos para coadyuvar al goce de los derechos de las adolescentes», indica la jueza.
Al lado de su abogado, Rodas mueve el pie una, y otra, y otra vez debajo de la mesa. Se detiene cuando la jueza lo sentencia: la condena es la misma que la de Santos Torres. En total, 25 años para cada uno; cinco de ellos conmutables.
Los ojos de Rodas toman un tono rojizo. Las lágrimas amenazan con salir. Tan solo horas antes, dirigió un mensaje a las familias de las víctimas: «Que tengan la plena seguridad de que Carlos Rodas no le provocó ningún daño a sus hijas, a los adolescentes que fallecieron y sobrevivieron», dijo.
La jueza procede a sentenciar a Brenda Julissa Chamán Pacay. Como jefa del departamento de Protección Especial contra el Maltrato, «incumplió su deber de proteger a las adolescentes que iniciaron una crisis en el área del comedor. Omitió velar por la preservación, prevenir el maltrato que sufrieron las adolescentes, especialmente la intervención de la Policía Nacional Civil y lo más delicado es que manifestó su oposición a que las adolescentes ingresaran al hogar», indica.
Chamán es sentenciada a cinco años de prisión conmutables por el delito de maltrato contra menores de edad a razón de 50 quetzales por día; a seis años por homicidio culposo y otros seis por incumplimiento de deberes.
Gloria Patricia Castro Gutiérrez, exdefensora de los derechos de la niñez de la Procuraduría de los Derechos Humanos, es también sentenciada a seis años inconmutables por el delito de incumplimiento de deberes.
«Se va a las 11:30 horas (de la noche) aproximadamente sin establecer qué iba a pasar con los niños, dónde iban a quedar. Ella se retiró en el momento de mayor vulnerabilidad de los adolescentes».
Desde su silla, ubicada contra el ventanal, Castro suelta un suspiro. Entre sus manos sostiene el rosario que la ha acompañado durante las últimas audiencias. Por la mañana, aseguró su inocencia y pidió a la jueza que ordenara investigar al fiscal y a sus auxiliares del MP por hacerla vivir una «criminalización maliciosa».
***
Al finalizar la audiencia, Édgar Gómez, el fiscal a cargo del caso, dirá a Agencia Ocote: «Considero que es una parte de una fórmula de amedrentar o atacar al Ministerio Público para tratar de minimizar el impacto de su labor investigativa. Yo considero que (las acusaciones) son infundadas, puesto que se pusieron todos los hechos a conocimiento de un juez y al final el juez contralor fue el que empezó a darme las pautas para la investigación».
***
La jueza sentencia a Luis Armando Pérez Borja. Él fue quien ordenó que los agentes de la PNC ingresaran al hogar en un claro abuso de poder, explica Cifuentes. Lo sentencia a cinco años de prisión conmutables a razón de 50 quetzales por día y a seis inconmutables por abuso de autoridad.
Para finalizar, sentencia a Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo a cinco años de prisión por el delito de maltrato contra menores de edad y a ocho por homicidio culposo. Ambas penas son inconmutables.
El único acusado absuelto de todos los delitos fue Harold Augusto Flores Valenzuela, exjefe de la Procuraduría de Menores de la Procuraduría General de la Nación (PGN), por falta de pruebas en la comisión de un delito. La noche del 7 de marzo, el sindicado «solo fue a pasear», indica la jueza.
Cifuentes también reconoció la responsabilidad del Estado en el incendio, pues los sentenciados eran funcionarios públicos.
Atar cabos que permitan establecer la verdad
En su resolución, la jueza también ordenó que el MP realice investigaciones que permitan establecer si existen otras personas involucradas. Solicitó que se indague por qué el Juzgado de Paz de San José Pinula no ejecutó exhibiciones personales en favor de las niñas el 7 de marzo de 2017.
También ordenó que se investigue a los trabajadores del Hogar Seguro que se negaron a recibir a las niñas de vuelta, luego de que escaparan y el por qué la adolescente herida fue colocada también en el salón, sin cuidados especiales.
Para entender la situación del Hogar Seguro, dispuso que también se indague el maltrato y la negligencia que las adolescentes manifestaron sufrir en el centro, así como la situación del módulo de San Gabriel, el ala masculina. Además, que se establezca el motivo por el que los cuerpos de las niñas tenían altas sustancias de medicamentos.
También pidió al MP que se explique por qué los audios de entrevistas con las sobrevivientes, presentados como anticipo de prueba, eran inaudibles.
La jueza ordenó investigar a Carlos Beltetón, quien testificó en el juicio, para establecer si cometió «hechos antijurídicos en su declaración, ya que la jueza estableció que había inconsistencias en la misma», dijo. Aunque múltiples testigos afirmaron que se presentó al Hogar Seguro como asesor del expresidente Jimmy Morales, en el debate oral y público se identificó como asesor de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP).
En la audiencia de conclusiones, el abogado Carlos Quiej, de la Fundación Sobrevivientes solicitó que se investigue al expresidente Jimmy Morales por su intervención en lo que sucedía en el Hogar Seguro, horas antes del incendio. La jueza decidió aceptar la solicitud.
«En base a los requerimientos realizados, se le ordena al Ministerio Público que realice una investigación en contra del señor Jimmy Morales Cabrera y/o James Ernesto Morales Cabrera, quien al momento de los hechos, era el presidente de la República de Guatemala para establecer su participación en los hechos suscitados el día 7 de marzo del año 2017», dijo.
La sala se llena de murmullos. «¿Jimmy Morales?», susurró un periodista, con incredulidad. Minutos más tarde, la jueza finaliza la audiencia y se retira con los mismos pasos seguros con los que ingresó.
Para el fiscal, la sentencia del Hogar Seguro es un logro
Los ahora sentenciados y sus abogados se saludan como lo han hecho en más de cien ocasiones. Algunos ríen con incomodidad y otros buscan retirarse con rapidez. «¡Justicia, justicia para las niñas del Hogar Seguro!», grita el público, mientras las cámaras se abalanzan contra las sobrevivientes y las familias que aún lloran.
El fiscal Édgar Gómez se reúne con los abogados de las organizaciones Mujeres Transformando el Mundo (MTM), el Bufete Popular de Derechos Humanos, la Fundación Sobrevivientes y la abogada Juanita Pérez, quienes representaron a las familias de las víctimas y las sobrevivientes. Entre lágrimas, comparten un abrazo colectivo.
A criterio de Gómez, el juicio fue objetivo y acertado. Ahora, esperarán la sentencia escrita para establecer si procede algún tipo de apelación, dice a Agencia Ocote.
«La señora juez fue muy equitativa, muy justa, muy objetiva y ha ponderado los agravios y las disposiciones agravantes. Entonces, en definitiva, el haber dado el máximo de la pena para esos delitos que son menos graves se considera un éxito. Se considera un logro», agrega, con lágrimas en los ojos, el abogado Carlos Quiej.
Ahora, su prioridad es dignificar a las víctimas en la audiencia de reparación digna.
***
Afuera de la sala continúan los abrazos entre sobrevivientes, familiares y personas de las organizaciones sociales que durante ocho años las han acompañado. En los primeros pisos de la Torre de Tribunales, las personas comentan el caso, en susurros. En la plaza de los Derechos Humanos, frente a la Corte Suprema de Justicia, un grupo de jóvenes realiza un homenaje.
Es inevitable hacerse una pregunta: ¿es esta la verdadera justicia? Después de ocho años de impunidad y en un país que no protege a las niñas y adolescentes, «es la justicia posible», dice en una conversación con Agencia Ocote la escritora Carolina Escobar Sarti, horas más tarde.
Texto: Krishtal Figueroa
Edición: Carmen Quintela
Fotografías: Christian Gutiérrez y María del Carmen Hernández
