Por: Carmen Valeria Escobar
Más de ocho años les tomó a las sobrevivientes y a los familiares de las víctimas del incendio en el Hogar Seguro alcanzar justicia. Esa palabra —«¡Justicia, justicia para las niñas del Hogar Seguro!»— se escuchó este 12 de agosto durante el juicio, después de que la jueza Ingrid Vannesa Cifuentes emitiera la sentencia.
Con penas de entre 6 y 25 años, la jueza condenó a seis de los once acusados: Carlos Rodas, Santos Torres Ramírez, Brenda Chamán Pacay, Gloria Patricia Castro, Lucinda Marroquín y Luis Armando Pérez Borja.
Pero el caso aún no ha llegado a su fin: hay otros cuatro acusados en etapa intermedia, a la espera de que un juez determine su responsabilidad en el incendio.
El proceso se fragmentó en tres fases. Esto se debe a que los 11 acusados fueron detenidos en diferentes fechas. La división fue cuestionado por las organizaciones querellantes, quienes alegaron que la repetición de los testimonios en tres procesos revictimizaba a las sobrevivientes y familiares. De acuerdo a Carolina Escobar Sarti, directora de La Alianza, una organización no gubernamental que alberga a niñas y adolescentes sobrevivientes de trata y violencia sexual, esto es «un litigio malicioso de parte de quienes están defendiendo al Estado». Según Escobar, el hecho de que no se haya buscado unificar los procesos, ni siquiera por economía procesal para reducir costos y agilizar procesos, es muestra de ello.
Aunque los dos primeros grupos sí se unieron para el juicio que acaba de concluir, hay un tercero que aún está en etapa intermedia. En este último grupo pendiente de sentencia se encuentran la exjueza Rocío Murillo; la excoordinadora del área «Mi Hogar» del Hogar Seguro, Ofelia Pérez Campos; la exmonitora del Centro Juvenil para Mujeres Gorriones, Crucy López; y Romeo Rolando Miranda, secretario del Juzgado de Paz de San José Pinula.
La audiencia de etapa intermedia permanece suspendida desde el 24 de enero de 2020. La Corte de Constitucionalidad aún no ha resuelto amparos que Rocío Murillo y Ofelia María Pérez interpusieron.
El juez a cargo de este proceso es Pedro Laynez.
Se espera que la próxima audiencia se celebre el 16 y 17 de octubre.
¿De qué se acusa a quienes están en el tercer grupo?
Ofelia María Pérez Campos
Pérez Campos era la coordinadora del área «Mi Hogar» de la Secretaría de Bienestar Social.
Sus funciones eran supervisar el bienestar de las niñas en el albergue, reportar incidencias y verificar que recibieran un buen trato.
La investigación determinó que Pérez firmó y delegó sus funciones a la policía la noche del 7 de marzo, para que las niñas fueran encerradas en el salón de clases que después se incendiaría..
La Fiscalía le acusa de incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad.
Crucy Flor de María López Pérez
López era monitora del Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres Gorriones.
La Fiscalía señala que López habría utilizado gas pimienta contra las adolescentes cuando estas se encontraban retenidas por la policía fuera del Hogar Seguro. Además, se encontraba en el lugar a pesar de que no tenía funciones.
La Fiscalía le acusa de maltrato contra personas menores de edad.
Rocío Albany Murillo Martínez
Murillo era jueza de Paz en el municipio de San José Pinula, Guatemala.
Tenía la obligación de realizar la exhibición personal a favor de las niñas, niños y adolescentes que estaban en el Hogar Seguro. Con esta acción legal se busca verificar que no se vulneran los derechos humanos, en un lapso no mayor de 24 horas.
Según la investigación del Ministerio Público, Murillo habría redactado un acta en la que indicó que se presentó el 7 de marzo y que, por seguridad, se retiró. Sin embargo, a partir de la identificación de su celular y de la declaración de testigos, la Fiscalía afirma que nunca llegó. Murillo se presentó al Hogar Seguro después de las 9:23 del 8 de marzo de 2017, cuando el incendio ya había ocurrido.
Se le acusa de falsedad ideológica y retardo de justicia.
Romeo Rolando Miranda
Miranda era secretario del Juzgado de Paz de San José Pinula.
Es procesado por falsedad material, ya que firmó el acta de Murillo, la cual contenía inconsistencias sobre su visita al Hogar Seguro.
El caso de Anahy Keller
Anahy Keller era subsecretaria de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la Subsecretaria de Bienestar Social. La Fiscalía la acusa por incumplir sus funciones de garantizar, coordinar y ejecutar los planes de protección. Esto habría provocado la muerte de las 41 niñas en el Hogar Seguro. La acusó de incumplimiento de deberes, maltrato contra personas menores de edad, abuso de autoridad, homicidio culposo y lesiones culposas.
Keller estaba en el grupo de acusados que acaba de recibir una condena, pero su defensa legal logró sacarla del juicio antes de la sentencia. Después de una serie de enredos legales, la Corte de Constitucionalidad le concedió un amparo y regresó su caso al inicio.
Las otras líneas de investigación que ramifican del primer juicio
El 12 de agosto no solo marcó un momento histórico para las víctimas, sino que abrió la puerta a que se abran otras carpetas judiciales.
La jueza Ingrid Vannesa Cifuentes ordenó a la fiscalía que investigue varias inconsistencias que encontró a lo largo del juicio.
Cifuentes estableció que el Ministerio Público debe investigar al expresidente Jimmy Morales por su posible participación en los hechos que llevaron al incendio.
La jueza también pidió que el Ministerio Público investigue a Carlos Beltetón, exasesor de Morales, quien, según testigos, fue intermediario del expresidente para que los cuerpos policiales tomaran el control de la situación e ingresaran al albergue estatal.
Además, hay otras líneas de investigación que podrían implicar a extrabajadores del Hogar Seguro y de otras instituciones.
