En la misma sala donde dos días antes se emitió la sentencia del caso Hogar Seguro, las jóvenes que sobrevivieron al incendio, familiares de las víctimas, los condenados por el caso y los abogados se reunieron de nuevo frente a la jueza Ingrid Vanessa Cifuentes.
Esta vez con menos público y sin la prensa, ya que la audiencia se realizó a puerta cerrada. El objetivo, aclaró la jueza, era evitar que las sobrevivientes o familiares fueran extorsionadas si concluía que una de las medidas de reparación era el resarcimiento económico.
Una de las medidas que más la atención para los medios de comunicación fue la disculpa pública que debe dar el presidente de la República. La jueza ordenó que sea en un acto público y acompañado por autoridades de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) y altos mandos de la Policía Nacional Civil (PNC).
En esta disculpa, el Estado debe reconocer su responsabilidad y el sufrimiento causado a las víctimas y familiares. Además, la sentencia debe publicarse en uno de los diarios de mayor circulación. Con estas acciones también queda firme el hecho de que las niñas necesitaban ser protegidas y abrigadas. No habían cometido algún delito.
«Eran niñas y adolescentes en protección y abrigo», recordó Diana Vivar, abogada de las víctimas, quien celebró la medida de la jueza. Según Vivar, ayuda a reparar el daño por la constante estigmatización y a restablecer su reputación.
Que la historia no se repita
Las medidas que la jueza Cifuentes ordenó se basan en lo que el Ministerio Público y las víctimas solicitaron.
También incluyen acciones para evitar que lo sucedido el 7 y 8 de marzo de 2017 en el Hogar Seguro ocurra de nuevo. También para prevenir las situaciones que llevaron a las niñas a querer escapar del hogar.
En la sentencia, la jueza indicó que se trató de hechos graves, que se debe garantizar que no se repitan. Confirmó que se debe contar con un ente rector del más alto nivel. Este debe coordinar las instituciones y asegurar el destino de los recursos para la implementación de una política integral de niñez y adolescencia.
Durante el juicio, en la declaración de los testigos y la exposición de las pruebas, se pudo comprobar que la mayoría del personal de los hogares de la Secretaría de Bienestar Social no tenían una profesionalización adecuada para el cuidado de la niñez y adolescencia.
La jueza ordenó que se garantice la profesionalización y especialización permanente del personal en los hogares de protección. También que se garantice la presencia permanente de profesionales especializados, debidamente capacitados, para garantizar un mejor servicio a los niños que están en estos centros.
Varias de las denuncias que las niñas y adolescentes hicieron por el maltrato que sufrieron en el hogar, tuvieron eco.
Se otorgó la medida de realizar investigaciones exhaustivas, establecer mecanismos de supervisión en todos los lugares de abrigo para prevenir nuevas violaciones y asegurar el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales en estos lugares.
A través de las pruebas, la jueza determinó que los agentes de la Policía Nacional Civil que estuvieron en el hogar el 7 y 8 de marzo de 2017 no tenían una capacitación en materia de infancia y adolescencia. Abusaron de su fuerza.
La jueza estableció que es importante para una garantía de no repetición que se tenga una formación especializada y continua. Todo el personal de la Policía Nacional Civil debe estar capacitado en derechos de la niñez y adolescencia. Que esto incluya estándares internacionales, la convención sobre los derechos del niño, la Ley PINA, programas de sensibilización de género y enfoque de derechos humanos.
En la misma línea está la implementación de protocolos claros de actuación frente a niños, niñas y adolescentes víctimas para el respeto de sus derechos.
En los últimos ocho años, desde los hechos, el Estado no ha dado atención en salud que necesitan las sobrevivientes para sanar las cicatrices de las quemaduras. Muchas de las víctimas tuvieron que salir a Estados Unidos con el apoyo de organizaciones no gubernamentales para poder recibir atención.
Por esto la jueza ordenó la creación de un hospital especializado en el tratamiento de quemaduras para niños, niñas y adolescentes.
Para las víctimas
En una de las audiencias previa a la sentencia, las sobrevivientes y familiares de las víctimas tuvieron unos minutos para hacer una última petición a la jueza. Madres de las niñas que murieron en el incendio coincidieron en lamentar que los restos de sus hijas estuvieran en tumbas públicas donde deben pagar para que puedan permanecer en el lugar.
La jueza ordenó un traslado digno a espacios que las familias puedan tener como propiedad, con una lápida para dignificar la memoria de las niñas.
Para recordar a las víctimas organizaciones sociales levantaron un memorial en la Plaza de la Constitución —que renombraron popularmente como la Plaza de las Niñas—. Este memorial ha sufrido vandalismo. Las organizaciones lo han reconstruido al menos 19 veces. La jueza señaló que la Municipalidad de Guatemala, a través de la policía municipal, debe dar protección a este espacio.
Además, indicó, se debe nombrar una calle o avenida en honor a las víctimas con el objetivo de fortalecer la conciencia social y evitar el olvido de estos hechos.
Sobre las instalaciones del Hogar Seguro, en donde ocurrió el incendio, la jueza ordenó que sea declarado como un espacio conmemorativo destinado a promover la reflexión sobre lo ocurrido.
Las medidas de la jueza incluyen que se garantice el acompañamiento psicológico especializado a las víctimas. Estableció que se asignen fondos específicos destinados al sostenimiento y funcionamiento de una unidad, que lleve un nombre representativo de las víctimas y que dé una atención especializada a las víctimas y familiares.
Mariana Palencia, hermana de Kimberly Palencia, una de las 41 niñas que murieron en el incendio, dijo a Agencia Ocote que la disculpa pública es importante para que las personas sepan que el Estado les falló a las niñas. Que fueron responsables.
«El hospital es necesario para las que son sobrevivientes, y no solo para ellas, para todas las personas que pasan ese proceso. La investigación en los hogares de abrigo para que esto no se vuelva a repetir», dijo Mariana Palencia.
Por ellas y por otras
Las sobrevivientes que estuvieron presentes en la audiencia y familiares de las niñas que murieron durante el incendio, manifestaron satisfacción ante las resoluciones de la jueza.
Carmen Urías, la madre de Mayra Haydeé Chután Urías, una de las 41 niñas que murieron en el Hogar Seguro, dice que la búsqueda de justicia no fue solo por su hija, fue por las otras niñas víctimas y por las que están en hogares de protección. Para que no pasen por lo que su hija pasó.
En 41 casos, la justicia no les traerá de vuelta a sus hijas o hermanas, pero a pesar de los sentimientos encontrados, ellas dijeron estar satisfechas por el resultado.
«Todas estas medidas se trabajaron a petición y requerimiento directo de las víctimas. Al menos de nuestras representadas, creemos que sí se sienten identificadas con las medidas. De alguna manera ellas manifiestan que se sienten contentas porque un tribunal las oyó y les creyó. Se sintieron identificadas con lo que la jueza menciona», dijo la abogada Vivar.
Para que las órdenes se cumplan, la sentencia debe estar firme. No debe haber apelaciones, casaciones y otros recursos pendientes de resolver.
«Como en todo caso, cualquier fallo para que se cumpla tiene que estar firme. Treinta días después es el plazo máximo en el que se deben cumplir cada una de las medidas ordenadas», explicó Edgar Pérez, abogado de las víctimas.
Agencia Ocote trató de tener la declaración de las seis personas condenadas, pero ninguna quiso hablar.
