Esta entrevista iba a ser publicada el pasado 14 septiembre. Queríamos ofrecer un recuento del proceso jurídico del caso del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción para facilitar la comprensión de un proceso que ha estado en pausa más de cinco años y medio. Esta reanudación estaba prevista el 16 de septiembre, con la audiencia del tercer grupo de procesados, en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal. En esta audiencia se determinaría si los procesados van a juicio.
La audiencia fue aplazada, de nuevo.
En el marco de las festividades del 15 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia concedió licencia con goce de salario a los trabajadores del Organismo Judicial para que también descansaran el 16 de septiembre. La decisión benefició al juez y a los trabajadores judiciales, pero atrasó los procesos, como en el caso del Hogar Seguro.
Por el caso Hogar Seguro están ligadas a proceso 12 personas: empleados y funcionarios que eran responsables del cuidado y protección de las niñas y adolescentes. Ocho están a la espera de que inicie el juicio en su contra y los otros cuatro esperan la audiencia de etapa intermedia, esa que estaba programada para el 16 de septiembre de 2022.
«La audiencia que se llevaría a cabo el 16 de septiembre justamente era para decidir si estas cuatro personas van a juicio o no», dice Juanita Pérez Diego, del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, que representan a las familias de víctimas querellantes, quien fue consultada al conocerse del nuevo aplazamiento.
Esas cuatro personas del tercer grupo son Rocío Murillo, jueza de Paz de San José Pinula; Ofelia Pérez Campos, excoordinadora del área “Mi hogar” del Hogar Seguro; Crucy López, exmonitora del Centro Juvenil para Mujeres Gorriones; y Romeo Rolando Miranda, secretario del Juzgado de Paz de San José Pinula.
Hasta la mañana del 14 de septiembre de 2022, el juzgado no había notificado a las partes sobre la suspensión de la audiencia. Sin embargo, las abogadas del Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH) dedujeron que la audiencia no se realizaría por el descanso concedido. Consultaron al juzgado y, en efecto, les confirmaron que no habría audiencia sin ofrecer información sobre la fecha en que se reprogramaría.
La incertidumbre por la reprogramación terminó el lunes 19 de septiembre, cuando les notificaron que las nuevas fechas serían hasta el 16 y 17 de mayo de 2023; dos meses después de la fecha en que está programado el juicio del primer y segundo grupo. Esto hace imposible que los 12 procesados vayan juntos al juicio y estén en las mismas audiencias para así evitar que las víctimas sufran revictimización al tener que repetir sus testimonios. «[En la audiencia suspendida] Se pueden hacer las solicitudes para que todas y todos los acusados enfrenten el juicio en un mismo debate oral y público. Se podría hacer la solicitud por parte de los querellantes, o la misma jueza lo podría decidir por el tema de economía procesal», explica Pérez Diego.
Las abogadas planean presentar acciones legales para exigir una fecha de audiencia más próxima que cumpla con la justicia pronta y cumplida.
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Juanita Pérez Diego y Diana Vivar, son dos de las abogadas que asesoran a familias de las víctimas del Hogar Seguro, y son las ejecutoras del apoyo que les brinda el Bufete Jurídico de Derechos Humanos, una organización de la sociedad civil que desde junio de 2010 se ha encargado de dar asistencia legal y gratuita a personas, grupos y comunidades cuyos derechos han sido vulnerados en casos emblemáticos.
Además de abogadas, el bufete cuenta con psicólogos, antropólogos y sociólogos que ha acompañado legal y psicológicamente a familiares de víctimas y sobrevivientes de casos como el Genocidio Ixil, Laguna Larga, Dos Erres, o Choatalum.
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El bufete también asesora a 14 familias de las víctimas del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde fallecieron 41 niñas y 15 sobrevivieron con lesiones.
Estas familias se constituyeron como querellantes adhesivos tres meses después del incendio. Los querellantes adhesivos son personas que se unen a un proceso penal para colaborar y ayudar en la investigación de los hechos. Según el Código Procesal Penal, puede ser querellante cualquier ciudadano que se suma en denuncias contra funcionarios o empleados públicos que hayan violado derechos humanos.
Ante la falta de recursos económicos para costear asesores legales, las familias acudieron al BDH y solicitaron su apoyo. El bufete se unió al proceso penal en agosto de 2017, cinco meses después del incendio.
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Desde hace cinco años y medio, las familias de las víctimas buscan justicia, pero el recorrido para encontrarla no ha sido fácil. En ese trayecto las han acompañado, junto con el BDH, organizaciones como Mujeres Transformando el Mundo (MTM) y Fundación Sobrevivientes.
El bufete funciona en una casa grande en la zona 1 de Ciudad de Guatemala, laberíntica, con recovecos que conducen a diferentes oficinas. En una de estas trabajan las abogadas Juanita Pérez Diego y Diana Méndez Vivar quienes, junto con Hugo Archila y Edgar Pérez, forman parte del equipo legal a cargo del caso Hogar Seguro.
Pérez Diego se graduó como abogada hace cinco años. Desde entonces trabaja en el Bufete de Derechos Humanos. Diana Vivar empezó en la organización al mismo tiempo que Pérez, primero como pasante y desde hace dos años y medio, ya como abogada.
Ambas se sientan en uno de los salones de la oficina, cada una con su computadora al frente. Son cautas con sus respuestas y opinan sobre los motivos del retraso de más de cinco años del caso Hogar Seguro. Ellas adjudican este retraso más a las carencias y omisiones del Estado en el proceso que a intenciones maliciosas.
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Han pasado cinco años y cinco meses desde que inició el caso por el incendio del Hogar Seguro. Los querellantes han denunciado varias veces que el proceso no avanza. ¿Ustedes consideran que ha existido un retardo malicioso?
Pérez: Ha habido muy poco avance en el proceso penal. Van más de cinco años sin que las familias puedan conocer una sentencia. Ha habido muchas situaciones que han dificultado el avance del proceso penal. Se han suspendido las audiencias por diferentes causas: la mala gestión del sistema de justicia o de tribunales para asignar salas adecuadas para las audiencias; la falta de un juez titular que conozca el caso… Desde el inicio no se ha tenido esa figura de un juez natural, que conozca el caso y todas las incidencias que ocurran. Por los reiterados cambios de jueces, no se tiene esta figura que pueda conocer todo el proceso y que brinde la garantía de la inmediación procesal (que un mismo juez presencie todas las audiencias). El atraso de estas audiencias conlleva a que no se respete el plazo razonable del proceso penal y que a las familias no se les pueda dar una respuesta en la búsqueda de la justicia.
Entonces, ¿considerarían este como un retraso malicioso?
(Después de un silencio de un par de segundos, las abogadas cruzan miradas y Vivar responde).
Vivar: La falta de gestión en tribunales es una cuestión general. El sistema de justicia no tiene previsto cómo atender casos con estas características, donde hay numerosas víctimas y victimarios. Creemos que es más una cuestión general, donde no se prevén las condiciones que puedan asegurar la presencia de todas las partes. Señalan una audiencia y no hay una sala adecuada que pueda albergar a todos los sujetos procesales. Más que un retardo malicioso per se, sería una falta de gestión. Nos hemos quedado sin juez por meses, sin un juez que controle la investigación, no había jueces para conocer el debate…
¿Los numerosos cambios de juez a cargo del caso estaban justificados?
Pérez: Han sido jueces suplentes que han estado por un lapso determinado de tiempo y que por uno u otro motivo se les ha trasladado a otra judicatura. Son las circunstancias que han llevado a que se den estos cambios constantes de jueces y juezas. En el Organismo Judicial se han dado las diferentes designaciones.
¿Consideran que a nivel judicial se le ha dado la importancia que debería a este caso?
Vivar: Falta puntualizar en el interés superior del niño y de la niña. En este caso específico, este enfoque se deja en el olvido. En el desarrollo del proceso muy pocas veces se ha dado importancia al interés superior de las niñas, que debe prevalecer y por el que se debe evitar cuestiones como el retraso o cambio de jueces. Ellas primero fueron víctimas de gravísimos hechos, como los del 7 y 8 de marzo; luego hay revictimización en el contacto que tienen con el sistema de justicia.
Y a nivel mediático, ¿cómo valora la importancia que se le ha dado?
Pérez: Hace falta más acompañamiento mediático a las familias, para que se pueda dar a conocer el proceso. A pesar de ser un caso emblemático, hemos visto en las audiencias la poca presencia de medios de comunicación. Es importante que la sociedad pueda conocer y acompañar a las familias.
Vivar: En el tema mediático es necesario que se conozca más este caso para evidenciar las falencias que hay en el sistema de protección a los niños, niñas y adolescentes. Ojalá se vaya trabajando en el desarrollo del proceso, porque aún falta bastante.
¿Por qué no se está tomando este caso con la importancia que debería, tanto a nivel judicial como mediático?
Pérez: Una de las luchas técnicas legales es el reconocimiento que se le debe dar, a la gravedad de los hechos que ocurrieron en el Hogar Seguro el 7 y 8 de marzo, y otras circunstancias que se habían denunciado anteriormente. Es importante que se reconozca esa gravedad. Que se le dé la atención tanto del Organismo Judicial como desde otros enfoques.
En el 2019, Ludwing Sandoval, un trabajador del Ministerio de Cultura, denunció a las 15 adolescentes que sobrevivieron al incendio en el Hogar Seguro. Las señaló de delitos como asesinato, robo, lesiones, atentado, amenazas, instigación a delinquir y desorden público. De acuerdo con una investigación del medio digital Nómada, Santos Torres, uno de los sindicados en el caso, es padrino académico de Sandoval, el denunciante. ¿Qué lectura hacen de esta denuncia? ¿Cómo podemos entender que estas jóvenes sean criminalizadas?
Pérez: Es lamentable que existan otras denuncias en contra de las niñas sobrevivientes. Ellas son las víctimas en el caso, por lo tanto no tendría razón de ser.
Vivar: Algunas de las niñas criminalizadas pidieron el acompañamiento del bufete en el caso, y se les apoyó. Lo vemos como una revictimización hacía ellas. Los hechos del 7 y 8 de marzo de 2017 representaron una gravísima violación a sus derechos humanos y está denuncia la vemos como una revictimización que el Estado debería evitar.
¿Cómo analizan el papel del Ministerio Público en el caso Hogar Seguro?
Vivar: La investigación del Ministerio Público contiene elementos importantes para sustentar lo sucedido. Consideramos que el trabajo del Ministerio Público en la investigación fue positivo. Otra cosa es que se hayan acusado tipos penales de menor gravedad y que no reflejan esas graves violaciones. La investigación sustentaba para tipos penales diferentes, como tortura o femicidio. Incluso, en un principio, las lesiones a las niñas sobrevivientes no se habían visibilizado y con la investigación que el Ministerio Público realizó, se logró incorporar ese tipo penal al proceso.
¿Vieron alguna diferencia en las investigaciones o en el litigio con el cambio de Fiscal General en 2018?
(Las abogadas mueven la cabeza de un lado a otro en señal de negación).
Vivar: Consideramos que se ha mantenido igual.
¿Han trabajado en conjunto con la Procuraduría General de la Nación (PGN) en algún momento del proceso penal?
Vivar: Algo importante de resaltar dentro del proceso son las calidades en que la PGN participa. Esto fue una batalla legal que el mismo bufete planteó en el desarrollo del proceso, porque a la PGN se le aceptó con diferentes calidades: está como agraviada, porque representa al Estado; también está como representante de niñas sobrevivientes; es tercero civilmente demandado (es decir, quien debe responder por el daño causado); y también una persona que pertenece a la PGN es acusada (Harold Flores, procurador de la niñez). Esas diferentes calidades no han permitido una comunicación o un trabajo en conjunto para el desarrollo del proceso penal.
¿Existe un conflicto de interés, al ser también defensora del Estado?
Pérez: Sí. Es claro que existe este conflicto por el interés que pueda tener la PGN. Esto ya se cuestionó en su momento.
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En una de las paredes de la oficina donde trabajan las abogadas, hay un espacio que, dicen ellas, las motiva. Rosas secas cuelgan sobre un pequeño cuadro, con fotos de algunas de las niñas fallecidas en el incendio del Hogar Seguro.
En medio de las imágenes hay un papel verde. Es una nota de agradecimiento por el apoyo legal que las abogadas y sus compañeros brindan a las familias de las víctimas. Abajo hay botones con los rostros de las niñas
«Así como las familias se motivan entre ellas, nosotras tratamos de mantener esa motivación para realizar las acciones en el proceso», dice Vivar.
«Poco a poco se fue haciendo este espacio para ellas. Lo primero que nos dieron fueron las rosas, las recibimos de las familias de las víctimas. Es una forma de recordarnos por qué trabajamos», añade Pérez.
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¿Hay familiares o sobrevivientes del incendio que han desistido de seguir el proceso?
Vivar: Los retrasos y el largo proceso conllevan un desgaste para todas las familias. Entrar al sistema de justicia en sí ya es un desgaste. En estos cinco años, muchas personas que representamos han expresado el cansancio, incluso han perdido la fe en el sistema de justicia. Pero no han renunciado; siguen las 14 familias que nos buscaron para asesorarlas. Las familias que el bufete representa tienen una característica en común: tratan de mantenerse unidas para que, si una desiste, otra la jala. Así se apoyan para continuar. Las familias dicen que la búsqueda de justicia no solo es por sus familiares, sino por todas las niñas que murieron y que resultaron con graves lesiones en sus cuerpos. Incluso durante este proceso largo que se ha llevado, dos de los familiares murieron por causas naturales, murieron sin justicia. No puedo dar los detalles por respeto a la privacidad de ellos.
En un contexto en el que las audiencias han sido retrasadas en varias ocasiones, con un juicio que debió iniciar en 2019 y ahora se aplazó hasta enero de 2023, ¿qué les dicen a las familias o a las sobrevivientes?
Pérez: Siempre se prioriza la presencia de las familias dentro de las diligencias. Son ellas quienes reciben la información y resoluciones que se dan. Desde el bufete se brinda el acompañamiento no solo técnico-legal. También se les da acompañamiento psicológico y psicojurídico para la contención de las familias ante esta situación que representa un desgaste. A las familias se les ha dado formación para que conozcan su proceso y el avance. Además de un proceso de formación ciudadana para que sepan que tienen el derecho de exigir sus derechos. Todo esto las ayuda para asumir lo que va ocurriendo dentro del proceso penal.
¿Hay alguna forma de dar esperanza en un contexto tan hostil para la justicia?
Pérez: A pesar de los bajones y el desgaste, ellas siempre recalcan que la búsqueda de justicia es para sus hijas y para todas las niñas, para las 56 niñas, y para que estos hechos graves en contra de niños, niñas y adolescentes no se vuelvan a repetir. Es algo que las mantiene en pie. Las familias tienen claro el porqué de esta búsqueda de justicia y por qué a pesar de todos estos retrasos no desisten.
Vivar: Esta es una lucha que han llevado las familias. Nosotros simplemente damos el acompañamiento técnico-legal. El proceso es de ellas, son quienes van a tomar las decisiones desde nuestra asesoría. Es un proceso que les afectó directamente a las familias, pero también afectó a un país gravemente; el futuro del país. Fueron niñas y adolescentes víctimas de estos graves hechos. Es importante el acompañamiento a las personas que están en búsqueda de la justicia.
¿Qué análisis hacen del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, que está a cargo del juicio?
Vivar: Esperamos que inicie el debate para la fecha asignada y que todo se lleve conforme a derecho. No tenemos una expectativa del tribunal y de la jueza en sí, pero confiamos en que el desarrollo del debate será conforme a lo que establece la ley.
¿Organizaciones como el Bufete Jurídico de Derechos Humanos, Mujeres Transformando el Mundo o Fundación Sobrevivientes llegaron a suplir el trabajo que debió haber hecho el Estado, tanto en apoyo psicológico como en apoyo legal?
Vivar: El Estado tiene la obligación de dar este acompañamiento a todas las víctimas. Obviamente este es un trabajo que ha realizado no solo el bufete, sino muchas organizaciones. Han acompañado la búsqueda de justicia y de la verdad; sin embargo, creemos que el Estado debería tener esas garantías mínimas para brindar atención a las víctimas de estas y otras graves vulneraciones a los derechos humanos de las personas. El Estado tiene muchas instituciones con capacidad para dar esa atención, no solo la Procuraduría General de la Nación.
