Testigos que declararon en el juicio por el Caso Hogar Seguro contaron que en el albergue no era normal que las niñas y los niños fueran encerrados como ocurrió el 8 de marzo de 2017. Ese día, murieron 41 de las 56 niñas y adolescentes confinadas en un aula luego de que intentaran escapar para denunciar malos tratos y agresiones.
– ¿Cuánto tiempo llevaba usted trabajando en el hogar?
– Cuatro años
– ¿Era normal que en ese hogar encerraran bajo llave a los niños, niñas y adolescentes?
– No, que yo recordara nunca vi eso
Durante el juicio por el Caso Hogar Seguro, Edgar Fernando Pérez Archila, abogado de los querellantes, le preguntó a Elsa Gabriela Sánchez Castillo, testigo y quien trabajaba como psicóloga en el área «Princesas» del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, si era normal que dejarán a las niñas encerradas. La testigo fue clara: respondió que no.
En su declaración, Sánchez Castillo contó a la jueza del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal que la puerta del aula donde estaban las niñas era de metal y que estaba cerrada con un candado grande.
Susan Gloriana Salazar Figueroa, encargada del área de pedagogía del Hogar Seguro, otra de las testigos, confirmó el encierro de las niñas en el aula de pedagogía y explicó por qué en ese espacio usualmente se utilizaba el candado que había comprado uno de los trabajadores llamado Sergio Mayorga.
«El aula se mantenía cerrada con candado porque no tenía chapa, entonces cuando terminaban las clases en automático se cerraba porque ahí estaba todo el material de la maestra que tenía esta clase», explicó Salazar.
Al inicio de su relato, Salazar dijo que el salón llegaba a tener como máximo 15 adolescentes.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público (MP) el 8 de marzo, cuando ocurrió el incendio, había 56 niñas encerradas a cargo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
La tesis de la Fiscalía señala que el 7 de marzo de 2017, adolescentes intentaron escapar del albergue estatal por malos tratos, abusos y comida en mal estado que les servían en el hogar de protección. Luego fueron reconcentrados por agentes de la PNC.
El grupo de niñas y adolescentes, 56, fueron encerradas en un aula de la que no pudieron salir. Al momento de incendiarse, Lucina Marroquín la agente que tenía la llave, no les habría abierto la puerta. Marroquín es una de las ocho personas acusadas en el juicio.
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Sobre el hogar, las niñas habían denunciado trata de personas. Este hecho nunca fue investigado.
Las víctimas estaban al cuidado del Estado porque habían sufrido alguna vulneración a sus derechos humanos, estaban en riesgo o habían sido víctimas de algún tipo de violencia.
En relación a la presencia de la Policía Nacional Civil, el fiscal Edgar Gómez consultó a la testigo Ana Elizabeth Borrego Caballero, jefa administrativa financiera, si antes de los sucesos había observado que personal de la PNC ingresara al Hogar Seguro para cuidar a las niñas y adolescentes. La testigo respondió que no recordaba nada de eso. Borrego contó que había patrullas que llegaban a prestar seguridad perimetral, afuera del hogar.
Borrego agregó que dos días antes del evento había dejado de prestar el servicio de seguridad privada la empresa contratada por la Secretaría de Bienestar Social.
El abogado Pérez Archila repitió el cuestionamiento a una trabajadora más. Aurora Elvira Feliz Ramos, bachiller en ciencias y letras, tenía siete años trabajando en el hogar como educadora.
Pérez le preguntó a Elvira Feliz: «Era normal que cuando sucediera algún hecho similar, usted mencionó “un bochinche”, se tomaran medidas similares. Por ejemplo, ingresar a las que estuvieran en “un bochinche” en un solo lugar». La testigo respondió que no.
El juicio por la muerte de 41 niñas y adolescentes y de las 15 sobrevivientes inició en enero de 2024, hace 9 meses, se espera que el juicio termine en el 2025.
Créditos
Investigación y redacción: María José Longo Bautista
Edición: Carmen Quintela
