Madres de las víctimas del Caso Hogar Seguro llegaron al tribunal para dar su testimonio. Contaron por qué las niñas estaban en el lugar, la violencia que vivieron mientras las cuidaba el Estado, los limitantes que tuvieron para salir de ahí y la nula ayuda que el Gobierno de Guatemala les dio después de la tragedia.
En la última audiencia del juicio del Hogar Seguro, la jueza Ingrid Vanessa Cifuentes escuchó en el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal el relato de algunas madres de las víctimas.
Dacia Marcela Ramírez Sosa, madre de Ashley Gabriela Méndez Ramírez, y Elida Esmeralda Salguero, madre de Keila Rebeca López Salguero, contaron lo que sus hijas les relataron sobre lo que vivían en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en el que ambas murieron en un incendio el 8 de marzo de 2017.
En turnos separados, ambas se sentaron frente a la jueza. A un lado, los abogados de las víctimas, al otro, los acusados con los abogados que los defienden.
«Mi hija ya no era la misma»
Ashley tenía 15 años cuando ingresó al hogar. Fue institucionalizada para que el Estado la protegiera porque cuando estaba al cuidado de su padre, sufrió violencia sexual.
Su madre quería recuperarla, que viviera con ella como antes de que el padre tuviera la custodia. Para eso necesitaba que se realizara una audiencia en el juzgado de la niñez de Jutiapa, un departamento a unos 127 kilómetros de la capital.
Dacia Marcela Ramírez Sosa contó que la audiencia para recuperar a su hija se suspendió en tres ocasiones. La Secretaría de Bienestar Social, institución a cargo del hogar, no tenía combustible para llevar a su hija al juzgado.
«Cuando la fui a ver, le decía: “Cómo has cambiado, ya no sos la misma”. Ahí aprendió a defenderse, ella no sabía ni pelear. En varias ocasiones la encontré muy lastimada, muy, muy lastimada», dijo Ramírez.
En su relato, la madre contó a la jueza que incluso en una ocasión «tenía el ojo reventado». La explicación de la niña fue que en el hogar sus compañeras mayores la golpeaban.
A preguntas de la fiscalía, la testigo también relató que cuando su hija murió en el incendio, el Gobierno de Guatemala no le dio ayuda psicológica. Del Estado solo recibió una caja para enterrarla, el traslado del cuerpo a Jutiapa y Q650.
«Eso fue lo único que me dieron por parte del Estado. No me dieron ni ayuda psicológica, ni nada. Las ayudas psicológicas que hemos tenido han sido por otras instituciones», dijo Ramírez.
Al declarar, la madre recordó a su hija como una niña amorosa, tranquila y que le gustaba estudiar.
«La intentaron violar»
Cuando Keila llegó al hofar estatal estaba al cuidado de su padre. Antes había vivido con su madre, Elida Esmeralda Salguero. Keila tenía 17 años cuando murió.
Salguero contó al tribunal que la adolescente vivía con una tía y su padre. Cuando la tía no quiso cuidarla más, la sacó de la casa. A preguntas del fiscal respondió que tampoco recibió ninguna ayuda del Estado después de la muerte de su hija.
En su relato, la testigo contó que antes de morir, su hija dijo que en el hogar recibía maltratos y que un policía la había intentado violar y la golpeó en el estómago.
El fiscal Edgar Gómez, preguntó a la madre si quien intento violar a la adolescente fue un policía de la Policía Nacional Civil o uno de los monitores que trabajaban en el hogar, a lo que la madre respondió que no sabía. Su hija no dio más detalles.
«No debían haber pasado estos hechos. De otra manera, se pudo solucionar el problema. Desde que sucedió esto (el incendio) no ha sido fácil enfrentar la vida, he estado mal de salud y de los nervios», dijo Salguero.
