En agosto de 2018, el Congreso aprobó una ley para las sobrevivientes del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. El decreto obliga al Estado a garantizar una pensión vitalicia, facilitar oportunidades de educación y de capacitaciones, así como beneficios por distintos programas sociales. Hasta ahora, el cumplimiento es parcial, tardío e insuficiente.
L. sueña con ser mecánica, o una detective experta en huellas digitales, llegar a la universidad para graduarse de criminóloga y recibir tratamiento médico para borrar las cicatrices que tiene desde la espalda hasta los tobillos. En el 2021 la llamaron del Ministerio de Educación y le ofrecieron una beca para aprender mecánica, «pero no me la dieron», dice con naturalidad.
L. no es su verdadero nombre, lo usamos para no poner en riesgo su seguridad y evitar represalias por sus testimonios. Ocote entrevistó a otras dos sobrevivientes. Por protocolos de seguridad, la organización que facilitó su contacto recomendó que fueran por teléfono. También por seguridad, en este reportaje utilizamos iniciales para nombrarlas.
L.es una de las 15 sobrevivientes del incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción amparadas por una Ley creada para garantizar su bienestar por medio de acciones y medidas concretas del Estado.
Esta Ley nació el 22 de agosto de 2018, el Congreso emitió el decreto 16-2018 que aprueba la pensión vitalicia para las 15 niñas y adolescentes sobrevivientes del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Además del pago mensual de una pensión de por vida, el decreto incluye otras acciones «con el objetivo de promover la no repetición de la tragedia, dignificar a las víctimas, garantizar los recursos económicos a las sobrevivientes para continuar con su recuperación integral y un proyecto de vida transformador», según se lee en la misma.
Aunque en los considerandos de la Ley no mencionan las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio el 12 de marzo de 2017 en el caso Hogar Seguro, la Secretaría de Bienestar Social sí menciona la resolución de la CIDH en el informe de ejecución indicando que es una de las razones de la creación de esta ley.
Casi seis años después de la tragedia, tanto la Ley como las instituciones para hacerla cumplir, dejan ver errores, carencias y limitaciones. Algunas tan graves como haber consignado con errores de escritura los nombres de algunas algunas sobrevivientes. En detalles que ha tenido consecuencias en el cumplimiento de las medidas dispuestas.
Otra debilidad de la Ley es que no contempla servicios de salud acordes al daño físico y psicológico que las sobrevivientes, y tampoco establece mecanismo de seguimiento efectivos para que el objetivo de todas las medidas se cumpla, tomando en cuenta las complejas circunstancias socioeconómicas de las beneficiarias, incluyendo el avance de su ciclo de vida.
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El incendio ocurrió el 8 de marzo de 2017, en un hogar estatal de Guatemala, en el que 56 niñas fueron encerradas en un aula por intentar escapar de las agresiones que sufrían mientras estaban al cuidado del gobierno. Cuando estaban ahí, bajo llave, inició un incendio. Las autoridades presentes decidieron abrir la puerta del aula nueve minutos después de que iniciaran las llamas: 41 murieron y 15 sobrevivieron con lesiones.
Diecisiete meses después del incendio, los diputados del Congreso decidieron crear una ley para dignificar a las víctimas de la tragedia.
La Ley manda varias acciones reparatorias. En el aspecto simbólico, declara el 8 de Marzo como “Día Nacional de las Víctimas de la Tragedia Ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción”. Por el lado compensatorio, aprueba una pensión vitalicia de Q5 mil para cada una de las Niñas y Adolescentes Sobrevivientes, durante los primeros tres años de vigencia de la Ley. A partir del cuarto año, la cifra será equivalente a un salario mínimo mensual para trabajos no agrícolas. En 2022, es de Q2,959.24, más una bonificación de Q250. La bonificación no está incluida en la Ley aprobada.
Los parlamentarios establecieron que mientras las sobrevivientes fueran menores de edad, el dinero de las pensiones lo debe recibir la Secretaría de Bienestar Social (SBS) y es la responsable de hacer las gestiones para que llegue a las beneficiarias. La ley también especifica que al cumplir 18 años recibirán el dinero en cheques o en cuentas bancarias de forma directa desde el Congreso. Para fiscalizar el gasto, a la SBS se le ordenó informes mensuales para las menores de edad, cuatrimestrales para las mayores.
Cuando se creó el decreto, 11 adolescentes aún eran menores de 18 años, dos de ellas cumplieron la mayoría de edad en el 2019, seis en el 2020 y tres en el 2021. Ahora todas son adultas.
Según el informe oficial, desde septiembre de 2018 hasta agosto de 2022, el Congreso erogó un total de Q2,895,178.59 por la pensión vitalicia de las sobrevivientes. De este dinero, la SBS administró Q1,702,209.28 para las menores de edad, y los restantes Q1,192,969.31 corresponden a los pagos para mayores de edad.
[Lea acá: Por qué el juicio del Hogar Seguro se sigue retrasando]
Una pensión que llega tarde y no a todas
L. utiliza la pensión vitalicia para pagar la renta, luz, agua y víveres. Cuando la SBS administró su pago, la experiencia fue positiva porque pudo ahorrar dinero, que luego sirvió para una emergencia médica de su mamá.
«Con la pensión vitalicia no me alcanza para cubrir el tratamiento médico de las cicatrices. En Guatemala no hay especialistas, ni equipo necesario, debería ir a Estados Unidos. Quisiera que el gobierno me ayudara para la atención médica y para conseguir una casa fija donde no tenga que pagar renta», dijo L.
En el documento de 141 páginas entregado por el Congreso de la República, como respuesta a una solicitud de información Pública de Ocote, se observan atrasos en la entrega de la pensión. En el 2018, el primer pago debía ser en septiembre, pero ocurrió hasta el 20 de diciembre, se pagaron 10 días de septiembre y tres meses: octubre, noviembre y diciembre.
En el caso de las menores de 18 años, el Congreso transfería al Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), y este a la SBS. Pero el flujo del dinero no era tan expedito. Aunque el Congreso hiciera la transferencia a tiempo, el Minfin dilataba la transferencia a la SBS, tal como ocurrió, por ejemplo, el 23 de marzo de 2021, cuando se había acumulado el retraso de la pensión vitalicia de tres meses. La SBS hizo llamadas y envió oficios al Minfin, para solicitar la agilización. Todo esto figura en el informe entregado a Ocote.
En el 2019, fue hasta el 11 de abril cuando se hizo el primer desembolso de ese año, las mayores de edad recibieron el dinero de cuatro meses juntos.
La transición de las menores a la mayoría de edad también representó un rezago en el pago. Por ejemplo, en abril de 2021, una de ellas cumplió 18 años, y la pensión llegó siete meses después: el 23 de noviembre de 2021 le depositaron los días de abril y siete meses más que estaban pendientes.
Aunque la Ley habla de 15 sobrevivientes beneficiarias, según los informes del Congreso entregados en agosto de 2022, tres de ellas no habían recibido la pensión que les corresponde.
A través de los documentos proporcionados por el Congreso, Ocote identificó el nombre de las tres sobrevivientes que no reciben la pensión. Al cotejar los datos con los informes que la SBS entregó, luego de una petición de información pública, se identificó que una de las jóvenes que no recibe la pensión estuvo desaparecida 3 años; otra escapó de casa luego de recibir amenazas de grupos criminales y ahora está en prisión; y una tercera nunca recibió la pensión porque vive en Estados Unidos.
Las becas pendientes
L. solo estudió hasta quinto primaria, lo hizo mientras estaba a cargo de la SBS, después quiso continuar, pero quedó embarazada y desertó, y la pensión es insuficiente para retomar sus estudios pues no le alcanza para pagar quien cuide de su hijo.
«Me costó mucho primero y segundo, me costó un montón pasar de grado. Cuando estaba con mi mamá adoptiva perdí muchos años, no me ponía la atención que era necesaria, toda era para sus hijos verdaderos», relató.
El decreto 16-2018 incluye becas educativas, que deberán ser proporcionadas por el Ministerio de Educación (Mineduc) para que: «tengan acceso a una educación de alta calidad». También se indica que esta misma institución debe facilitarles el aprendizaje de un segundo idioma.
El programa de becas Hogar Seguro Virgen de la Asunción fue creado en junio 2020, por medio del acuerdo ministerial 1710-2020, el aporte económico es de Q1,350 al año por cada estudiante, Q112.5 mensual.
Cuando las adolescentes dejaron de estar a cargo de la SBS, dos estaban en primaria, cuatro en secundaria y cinco en bachillerato.
De acuerdo con información pública del Mineduc, de las 15 sobrevivientes, solo cinco fueron beneficiadas en el 2020 con las becas educativas. Para el 2021 la cifra se redujo a una, quien se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras.
L. no ha recibido la beca educativa que le corresponde, el ministerio no detalló a Ocote por qué.
El Acuerdo Ministerial 1710-2020 determina cómo el Ministerio de Educación debe gestionar las becas, destinadas para gastos de estudio. «El Mineduc verificará que las becarias estén inscritas en un centro educativo autorizado al cual deberán asistir con regularidad y cumplir con los trabajos asignados y buen comportamiento», dice el documento.
En las bases de datos de todos los beneficiarios de las becas de inglés del Mineduc, de los años 2020, 2021 y 2022, no se registra ninguno de los 15 nombres de las sobrevivientes del Hogar Seguro. Mientras estaban a cargo de la SBS tres recibieron cursos de inglés.
M. también es sobreviviente del Hogar Seguro, después del incendio, su mamá la apoyó para estudiar hasta tercero básico, tiene un hijo de 18 meses y está embarazada. No es la única madre, cuatro de las sobrevivientes tuvieron a su primer hijo antes de los 18 años.
M. relata que le ofrecieron una beca del Ministerio de Educación, pero les dijo que no podía porque «¿dónde dejará al niño mientras estudia?», el ministerio no tiene una solución, «solo me dicen que está bien», contó la joven.
Con el propósito de conocer la razón del incumplimiento en la cobertura de las becas educativas para las sobrevivientes, Ocote contactó por teléfono y mensaje de texto a Julieta Méndez, directora de comunicación Social de Educación; además, se visitó la institución, habló con Mariali Castillo, subdirectora de comunicación, y ambas prometieron una respuesta. Luego de ocho días de espera, no hubo una explicación.
Los programas sociales y laborales tampoco llegaron
El decreto 16-2018 menciona que los ministerios a cargo de los diferentes programas sociales deberán realizar las coordinaciones para la inclusión de las sobrevivientes como beneficiarias.
Luego de una búsqueda en el Sistema Integrado de Programas Sociales (SIPS), el Viceministerio de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social informó a Ocote que no se obtuvo ninguna coincidencia del nombre de las sobrevivientes. Ninguna ha recibido el Bono Social, tampoco la Beca Social de Educación Media, ni la Bolsa Social.
Con el dinero que recibió de la pensión, en mayo de 2022, M. comenzó un negocio de venta de ropa, accesorios y cosméticos. No recibió asesoría o formación de parte de ningún programa de Gobierno, sin embargo, con su propio esfuerzo logró frutos de su emprendimiento, y este logro la motivó a buscar otro de sus sueños: «construir mi casa», dice.
Tiene dos años de recibir la pensión como mayor de edad, y resume que el atraso en los pagos ha sido constante y que la reducción del monto de Q5 mil a un salario mínimo le afectó. Durante los primeros tres años de vigencia de la ley, pudo ahorrar, compró un terreno, pero cuando le redujeron la pensión a menos de Q3 mil, no pudo construir su casa.
S. es otra de las jóvenes que también emprendió un negocio. En este caso, la SBS informó que le dieron capacitaciones, con apoyo de la Asociación El Refugio, para que iniciara un comercio de compra y venta de miscelánea.
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) debería, según la ley, buscar la forma para que las beneficiarias accedan a un trabajo digno. El 23 de septiembre de 2022, el Mintrab respondió una solicitud de información pública en la que detalló que, el 7 de agosto de 2020, tuvo una reunión con integrantes de la Dirección General de Previsión Social y la Dirección General de Empleo para establecer los lineamientos de la atención para las sobrevivientes.
Según el mismo informe, días después, el Mintrab sostuvo una reunión virtual con representantes de la Unión Nacional de Mujeres (UNAMG), Colectivo 8 Tijax y Plaza de las Niñas, en donde informaron sobre los servicios que brinda este Ministerio. Se acordó que el ministerio enviaría un formato para registrar la información de las beneficiarias e iniciar las acciones de vinculación al mercado de trabajo.
Ocote verificó que ninguna ha sido beneficiada con programas del Mintrab. Una de las explicaciones que dio la institución en su informe, de septiembre de 2022, es que «los servicios del Ministerio de Trabajo y Previsión Social están enfocados a mayores de edad, cuando las niñas cumplan la mayoría de edad podremos ofrecerles la intermediación laboral». Esta explicación choca con el hecho de que, desde el 2021, las 15 sobrevivientes ya son mayores de edad.
Ocote buscó la versión del Mintrab, la consulta se hizo por teléfono y personalmente. Fernanda Morales, directora de comunicación, y Diana Medrano, coordinadora de prensa, prometieron una respuesta. Hasta el cierre de la nota, la respuesta no había llegado.
La salud física y mental no fueron parte de la Ley
Desde que ocurrió el incendio, el acompañamiento del Gobierno de Guatemala fue insuficiente. La atención médica inmediata y necesaria para las cinco sobrevivientes con lesiones más severas la brindó la red de hospitales Shriners, y los familiares recibieron apoyo de la sociedad civil.
El informe “Las Víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción un camino hacia la dignidad”, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH), registra que una de las sobrevivientes pasó nueve meses en el Hospital Shriners en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, de marzo a diciembre de 2017. Durante los tres meses posteriores al incendio estuvo en coma y se le practicaron hasta 20 cirugías.
Una de las sobrevivientes, E., recibió tratamiento médico en Estados Unidos. Al preguntarle si alguna vez el Gobierno de Guatemala la ayudó para su recuperación física y emocional, respondió «No. De mi recuperación física y emocional se ha encargado un Hospital en Estados Unidos y una psicóloga de la Alianza. La Casa Alianza ha estado pendiente de mí», explicó Emma.
¿Una ley que necesita reformas?
El 10 de febrero de 2021, el Congreso conoció la iniciativa 5865 presentada por 10 diputados que propone reformar esta Ley.
El documento contiene varias propuestas para mejorar el cumplimiento su cumplimiento. Se propone crear medidas para corregir los errores en la consignación de los nombres de las sobrevivientes.
Otra propuesta de reforma se basa en la resolución de la CIDH, y por las acciones legales de las cortes guatemaltecas que ordenaron dar una vivienda a una de las sobrevivientes. Los diputados que proponen las reformas van más allá y solicitan resarcir de la misma forma a las otras 14 sobrevivientes, es decir, darles a todas una vivienda, y especifican que el inmueble tendría un valor máximo de Q500,000, que la institución a cargo del cumplimiento será el Ministerio de Desarrollo Social.
Dentro de la propuesta de reformas también se incluye la asistencia de por vida por parte del Ministerio de Salud y Asistencia Social para proveer los medicamentos que requieran, así como también cirugías, atención psicológica y psiquiátrica.
Hasta ahora esta iniciativa de reforma no ha recibido atención aprobada por los actuales congresistas.
Varios expertos independientes coinciden en la necesidad de mejorar las medidas que contempla la Ley. Carlos Martínez, abogado, politólogo y asesor en temas de derechos humanos, valora que «el seguimiento a las sobrevivientes desde la parte gubernamental no debe ser solo una pensión vitalicia». El experto opina que se necesita también apoyo de profesionales en trabajo social, psicología, en finanzas personales, para que se brinde una verdadera atención integral.
Martínez también apunta hacia la seguridad: «Se debe evitar que el dinero las haga más vulnerables a círculos de violencia», y asegura que «el compromiso debe ser cambiar la estructura que originó un problema como este».
Astrid Escobedo, abogada con doctorado en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, luego de leer el decreto 16-2018, comenta que «La reparación tiene que ser plena y efectiva, tiene que tener una restitución, una indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Necesitan dinero, pero también acceder a educación y tener herramientas para sobrevivir. Darles solo un salario mínimo, que ni cubre la canasta básica, sólo contribuye a que sigan en el círculo de pobreza»
También, según Escobedo, es importante mantener un enfoque de género: «tienen que darles las becas, no solo para el diversificado, sino para la universidad, ser madre no es un impedimento para estudiar cuando hay estrategias de apoyo».
Juana García Pérez, magister en abordaje psicológico de violencia sexual y trauma, opina que «de nada sirve que el gobierno proporcione una remuneración económica, si las sobrevivientes no sabrán cómo utilizarlo porque emocionalmente están mal».
«La responsabilidad del Estado es asegurar que ellas puedan tener un acompañamiento psicológico de profesionales de calidad a través de un programa de consultoría externa, fuera de las organizaciones de gobierno, porque todas las instancias están saturadas, atienden miles de casos. Cuando una persona está expuesta a un acontecimiento potencialmente traumático, queda en la desesperanza y pierde sus proyectos de vida», explica García Pérez, y profundiza en que «es importante generar en ellas nuevas herramientas o habilidades que las ayuden a sobrellevar la situación, una persona resiliente vuelve a retomar las fuerzas, pero no puede hacerlo sola, necesita apoyo»,
Martínez enfatiza en la necesidad de «una política de Estado para que la niñez y los adolescentes tengan una familia con las oportunidades de educación, trabajo, vivienda, salud y ambiente adecuado», y explica que la carencia de todo esto incide en la estabilidad de las familias, lo cual es una de las causas porque las menores de edad deban ser acogidas en hogares estatales.
García, Martínez, Escobedo y las sobrevivientes entrevistadas coinciden en un elemento más: para la reparación del daño y la dignificación hace falta la justicia. Hasta la fecha de esta publicación, después de cinco años y ocho meses, no ha iniciado el juicio que lleve a una sentencia por el incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
