Tres de las 15 sobrevivientes al incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción no reciben la pensión vitalicia asignada por el Congreso de la República. Para ellas no se ha cumplido el propósito del decreto 16-2018 que pretendía la recuperación integral de las sobrevivientes.
En los informes que Ocote pidió al Congreso de la República para dar seguimiento al pago de la pensión vitalicia a las 15 sobrevivientes del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, no hay registro de depósitos para tres de las sobrevivientes beneficiarias.
Se logró identificar a las tres jóvenes al cotejar la información con los informes elaborados por la Secretaria de Bienestar Social (SBS), también con documentos judiciales, alertas de personas desaparecidas y registros del Congreso. Se logró reunir detalles de las razones por la que no reciben la pensión a la que tienen derecho por ley. Por razones de seguridad, las llamaremos B, C y D para proteger su identidad.
Hasta el 28 de noviembre de 2022, Ocote no pudo contactarlas.
El 7 de marzo de 2017, B, C y D, eran parte del grupo de niñas que intentaron huir del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde debían cuidarlas, pero eran maltratadas. Por el intento de escape fueron encerradas bajo llave en un aula junto a 53 niñas y adolescentes más. El 8 de marzo, en el salón comenzó un incendió, y durante 9 minutos y 30 segundos nadie les abrió la puerta. Como consecuencia, 41 niñas murieron y 15 sobrevivieron, entre las sobrevivientes estaban B, C y D.
[Lea también: Caso Hogar Seguro: El laberinto de la impunidad]
Para reparar los daños y que las sobrevivientes pudieran reconstruir su vida, en 2018, el Congreso de la República de Guatemala aprobó el decreto 16-2018 que establece una pensión mensual vitalicia de Q5 mil durante los tres primeros años, y el equivalente a un salario mínimo para el resto del tiempo.
***
B. es una de las tres sobrevivientes que en el último año no ha recibido la pensión. En el 2020, era madre adolescente de dos hijos, pero estaba estudiando y había terminado tercero básico, soñaba con ser abogada. Pero, desde el 22 de abril de 2021 está en prisión.
La activista Vianney Hernández, madre de Hashly Rodríguez, una de las niñas que murió en el incendio, contó que B. apoyaba frecuentemente las manifestaciones y acciones para exigir justicia por el incendio en el Hogar Seguro, pero que desde el 2021 dejó de participar.
Lee también: El proceso contra Anahy Keller se reinicia
En enero de 2021, recibió la última pensión registrada en el informe de la SBS. El mismo informe detalla que el dinero de esa última transferencia lo utilizó para la compra de alimentos, pañales, leche para sus hijos y calzado para ella. También se registró que B. se inscribió en el Centro de Educación Extraescolar CEEX para estudiar Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Productividad y Emprendimiento, además, que estudiaba Cultura de Belleza en una academia privada, becada por la Fundación UNDERGROUND.
Dos meses después, en marzo de 2021, la Trabajadora Social de la SBS dejó anotado en su informe que B. mostraba un deterioro físico y emocional, la adolescente informó que tenía problemas.
Semanas después, B. salió de su vivienda y por una llamada telefónica a la secretaría pidió apoyo para su familia, contó que la habían amenazado de muerte. Como la SBS no tenía información de su ubicación, se activó una alerta Alba Keneth.
«La adolescente llamó a la Unidad informando que había cambiado de número de teléfono porque recibió dos llamadas telefónicas donde la amenazaban de muerte y que ese había sido el motivo por el que se fue de su vivienda», dice el informe de la Trabajadora Social de la SBS de abril de 2021.
El 26 de abril de 2021, la Procuraduría General de la Nación (PGN) comunicó a la Unidad de Pensión Vitalicia de la SBS que B. estaba interna, provisionalmente, en el Centro de Detención Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres Gorriones, acusada de robar un teléfono celular.
Por medio de un procedimiento abreviado, el 29 de junio de 2021, el Juzgado de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal condenó a B. a ocho meses de privación de libertad semiabierto más un año de libertad asistida. El Ministerio Público la señaló de arrebatarle el teléfono celular a una persona en la zona 1 de Guatemala, en compañía de dos hombres, quienes escaparon de la Policía Nacional Civil.
“El día 22 de abril del 2021, una mujer caminaba en la 8a. calle entre 4a. y 5a. avenida de la zona 1, iba hablando por su celular, cuando B. y dos hombres desconocidos la agarraron por la espalda y con violencia le quitaron el celular. Corrieron para darse a la fuga, pero dos agentes de la PNC observaron el hecho e iniciaron la persecución policial, solo alcanzaron y detuvieron a B.”, estos son los hechos según la Sentencia del Juzgado Segundo de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.
B. aceptó su responsabilidad y cumplió la condena. Durante el tiempo que estuvo en el Centro Juvenil de Privación de Libertad Para Mujeres (CEJUPLIM) aprendió panadería, cocina y repostería, porque al recuperar su libertad quería emprender. Sus dos hijos quedaron al cuidado de un hogar de protección. B. había estado en uno, en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
El equipo técnico de CEJUPLIM recomendó que al salir del centro, B. viviera en un lugar distinto al anterior, El Mezquital, para que se alejara de las pandillas y de lugares de riesgo para ella y sus dos hijos. La sobreviviente estaba de acuerdo con la sugerencia, incluso pensaba alquilar un lugar lejos de esa área.
El 9 de octubre de 2021, B. cumplió 18 años, alcanzó la mayoría de edad y dejó de estar al cuidado de la SBS. Como estaba privada de libertad no pudo hacer las gestiones necesarias en el Congreso para recibir la pensión de forma directa.
Mientras B. era menor de edad, la SBS la acompañó con visitas al centro de detención, previó a cumplir 18 años solicitó los trámites para que tuviera el Documento Personal de Identificación. El dinero recibido por la SBS para su administración mientras ella estaba detenida, fue depositado en una cuenta de ahorro. Se desconoce si retiró los fondos cuando recuperó su libertad.
En relación a la detención, la secretaría informó al congreso para que los diputados tomaran una decisión sobre el futuro de la pensión vitalicia.
[Quizá te interese leer: No fue el fuego: la llave sigue en las manos equivocadas]
B. cumplió con la pena de privación de libertad semiabierta, pero cuando estaba con libertad asistida fue detenida de nuevo, ya era mayor de edad. De acuerdo con los registros de la Policía Nacional Civil (PNC), fue detenida en febrero de 2022, en Amatitlán. Una pandilla la habría enviado a recoger el cobró de una extorsión. En julio de 2022 le notificaron otro proceso en su contra.
La sobreviviente podría perder la pensión a causa de la sentencia. El Decreto 16-2018, que aprueba la pensión vitalicia, establece que el pleno del Congreso podrá suspender la pensión, previo a evaluación de la comisión de derechos humanos. En el artículo 7 de la ley, se incluye una sentencia penal como causa de la suspensión definitiva. El congreso informó que la decisión final debe tomarla el Congreso en pleno, lo que aún no ocurre.
En septiembre de 2021, la SBS inició las gestiones para que B. recibiera la pensión vitalicia como mayor de edad, directamente del congreso. El Congreso indicó a la secretaría que B. debía presentarse de forma personal a la dirección financiera de esa institución para los trámites administrativos y el registro en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN). El Congreso no aclaró si B. se presentó o no. Justificaron el impago de la pensión en que los diputados no han resuelto el caso de la sobreviviente, por lo que la dirección financiera desconoce si debe hacer efectivo el pago o no.
***
C. pasó 3 años desaparecida, para localizarla se activaron alertas nacionales e internacionales. Cuando desapareció era menor de edad, la primera alerta que se activó para su localización fue una Alba Keneth el 3 de octubre de 2019, en la alerta se registra que desapareció el 27 de septiembre de 2019, en Santa Cruz Quiché, cuando tenía 16 años.
El Sistema Alba-Keneth, es una alerta que se emite para una búsqueda inmediata de niños, niñas y adolescentes desaparecidos.
Antes de que C. cumpliera 18 años, la Unidad de Pensión Vitalicia Personal de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) informó que la familia no había tenido ninguna noticia de la adolescente. «Ellos han solicitado a las autoridades que agilicen acciones para su pronta ubicación, ya que consideran que ha transcurrido mucho tiempo sin obtener ningún resultado», escribió Iris Lima, trabajadora social de la Unidad de Pensión Vitalicia, en su reporte de enero 2021.
[Lee la nota: Una sobreviviente del Hogar Seguro lleva un año y medio desaparecida]
El 4 de mayo de ese mismo año, C. cumplió la mayoría de edad. Como seguimiento, la Unidad de Pensión Vitalicia solicitó al Ministerio Público (MP) la activación de la Alerta Isabel Claudina, la cual se activó el 6 de mayo de 2021.
El 14 de septiembre de 2021, el MP desactivó la alerta Isabel Claudina de C. Por medio de una solicitud de información pública, Miriam Gómez, auxiliar fiscal de la Unidad de Mujeres Desaparecidas, informó que la alerta se desactivó porque C. se presentó a la sede de la Fiscalía de la Mujer de Quiché. C. explicó a la fiscalía que de forma voluntaria había regresado, junto a su pareja, a la casa de su mamá para vivir con ella.
Mientras C. estuvo desaparecida, además de las alertas Alba Keneth e Isabel Claudina, también se activaron otras tres de carácter internacional, como la Alerta Amber de México, Alerta Amarilla por Interpol y Alerta Chiapas.
Aunque C. ya no está desaparecida, hasta agosto de 2022 no había recibido la pensión vitalicia, ¿por qué? “La sobreviviente debe acercarse para realizar las gestiones que correspondan”, respondió el Congreso.
***
D. nunca recibió la pensión, es una de las sobrevivientes que era ya mayor de edad cuando se creó el decreto en 2018. El pago debía ser directo a su cuenta bancaria, pero en la información proporcionada por el Congreso, no hay registros de pagos a la joven.
Familiares de las niñas que fallecieron en el incendio aseguran que no la han visto desde el incendio y no saben nada de ella.
El Congreso explicó que D. no se ha presentado a realizar los trámites necesarios para acreditar la pensión que por ley le corresponde.
“Por comentarios de personeros de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, desde el incidente ocurrido, fue trasladada a los Estados Unidos de Norteamérica para ser tratada de las lesiones que le ocasionó el mismo”, informó el Congreso en respuesta a preguntas de Ocote.
En la información pública proporcionada, el organismo no detalló si el traslado fue por parte del Gobierno de Guatemala o de una organización no gubernamental, tampoco informó si confirmaron que D. aún se encuentra en ese país. Hasta la fecha de esta publicación, la joven no se ha presentado ante ninguna instancia para reclamar la pensión.
[¿Leíste ya: En estos cinco años, muchas personas han perdido la fe en el sistema de justicia]
