*con información de Christian Gutiérrez.
En esta publicación se recogen, audiencia a audiencia, los principales hechos expuesto ante el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal durante el juicio del caso Hogar Seguro, por la muerte de 41 niñas y adolescentes y las lesiones contra 15 sobrevivientes. Las 56 estaban a cargo de un hogar de protección del Estado de Guatemala.
Desde el 10 de enero de 2024, en el octavo nivel de la torre de tribunales de ciudad de Guatemala se lleva a cabo el juicio del caso Hogar Seguro, en el que se pretende hallar justicia por lo sucedido el 7 y 8 de marzo de 2017 en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
De acuerdo con la tesis de la fiscalía, la tarde de ese 7 de marzo se inició una crisis en el comedor del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Tras años de denuncias de maltrato y abusos que no fueron atendidas, los adolescentes del albergue realizaron un motín y escaparon del lugar.
La investigación de la fiscalía reveló ante el tribunal que luego de la crisis y del intento de huida, personal de la Policía Nacional Civil se presentó para efectuar un operativo. El objetivo era ubicar, detener y reconcentrar a quienes habían escapado.
En su exposición inicial, el fiscal Edgar Gómez relató que las adolescentes fueron golpeadas con el bastón policial y que incluso algunas fueron rociadas con gas pimienta; que recibieron maltrato verbal, las obligaron a tirarse al suelo o permanecer arrodilladas; que algunas fueron engrilletadas, aunque no habían cometido ningún delito; que otras estaban descalzas y habían algunas mojadas porque en su intento de querer escapar del hogar estuvieron en un río de aguas negras.
De acuerdo con la acusación del MP, durante nueve horas, desde las cuatro de la tarde hasta la una de la madrugada del 8 de marzo, estuvieron retenidas. Cuando fueron ingresadas de nuevo al hogar, encerraron a 56 de ellas en un aula con un candado. El espacio era insuficiente, estaban hacinadas. En esa aula, acostadas solo cabían 11 personas. La policía quedó a cargo de ellas.
Desesperadas, sin poder siquiera ir al baño, por la mañana una de las adolescentes le prendió fuego a una de las colchonetas de esponja que les dieron para dormir. Pensaron que así les abrirían la puerta. A pesar de las llamas, esto no ocurrió. La llave del candado estaba a cargo de una de las ahora sindicadas: la policía Lucinda Marroquín.
A causa del incendio murieron 41 niñas y adolescentes y 15 sobrevivieron con lesiones.
[Escucha aquí la serie sonora en la que te relatamos los hechos de marzo de 2017]
Desde el 8 de marzo de 2017, se ligó a proceso a 12 acusados, todos empleados públicos que debían velar por la protección de las víctimas. Después de casi siete años de espera, el juicio inició. 
Miércoles 10 de enero
Después de varias audiencias suspendidas, el miércoles 10 de enero de 2024 inició el juicio del caso Hogar Seguro en contra de ocho de los doce acusados.
Todos eran empleados públicos cuando ocurrieron los hechos: Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social; Anahy Keller, exsubsecretaria de Protección; Santos Torres Ramírez, exdirector del Hogar Seguro; Harold Flores, jefe de la Procuraduría de Menores de la Procuraduría General de la Nación; Luis Armando Pérez Borja, exjefe de operaciones de la Policía Nacional Civil; Gloria Castro, exdefensora de la niñez de la Procuraduría de Derechos Humanos; Brenda Chamán, exjefa del departamento de protección especial contra el maltrato de la Secretaría de Bienestar Social y Lucinda Marroquín, exsubinspectora de la Policía Nacional Civil.
La fiscalía los acusa por lo que hicieron, pero también por sus omisiones. Por presenciar el maltrato en contra de las niñas y no haber hecho nada. De los ocho acusados, seis tienen medida sustitutiva, no están en prisión preventiva. Solo los dos policías (Pérez Borja y Marroquín) continúan en la cárcel.
Martes 16 de enero
En esta audiencia declaró uno de los acusados: Carlos Antonio Rodas Mejía, de 53 años, exsecretario de Bienestar Social. Se identificó como jubilado.
Rodas Mejía, señalado por maltrato contra personas menores de edad, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, homicidio culposo y lesiones culposas, inició su declaración diciendo: «Me declaro inocente, soy creyente en Dios y esta declaración que voy a prestar la hago con la verdad y en el nombre de Dios».
En su declaración, Rodas Mejía aseguró que en cada una de las decisiones que tomaron el día de los hechos se tuvo muy presente el género de las adolescentes. Ante el tribunal, intentó exculparse y justificar a los demás acusados. Al ser consultado si al momento en que inició el hecho o después, le avisó a su superior o al presidente Jimmy Morales de lo que estaba sucediendo, dijo no haberlo hecho.
Los abogados Luis Fernando Ruíz Ramírez y Héctor Paul Pineda solicitaron una revisión de medida para sus defendidos, los policías Luis Armando Pérez Borja y Lucinda Marroquín, quienes están en prisión preventiva desde junio de 2017. La jueza citó a las partes a una siguiente audiencia para dar a conocer su resolución.
Jueves 18 de enero
La jueza Ingrid Vanessa Cifuentes resolvió que los subinspectores Luis Armando Pérez Borja y Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo continuarán en prisión preventiva.
La jueza del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal concluyó que, de acuerdo con los documentos presentados por la fiscalía, hay un «peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad».
El fiscal Edgar Gómez expuso que el 8 de junio de 2017, una testigo denominada como «testigo G», quien es agente de la Policía Nacional Civil, dijo en declaración a la Fiscalía que cuando acudió a una cita a la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP) de la PNC por la investigación sobre los hechos ocurridos en el Hogar Seguro, un hombre al que por medio de fotografías identificó como Pérez Borja le sugirió que en su declaración indicara que Lucinda Marroquín no tenía la llave y que la misma estuvo prendida en el candado.
Según esta testigo, el exinspector le habría advertido que lo pensara muy bien porque no sabía con quién se estaba metiendo. Días después, Pérez Borja fue detenido.
Además, el juicio continuó con la declaración de Gloria Castro, acusada y exdefensora de la niñez de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), que actualmente trabaja en el área de recursos humanos de esta institución.
Durante su declaración, Castro expuso a la jueza el trabajo que hizo previo al incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción para evidenciar los maltratos y abusos en el hogar. Aseguró que defendió a las adolescentes porque comprendía las situaciones duras que vivieron, «Aprendiendo siempre a defenderse por estar en círculos de violencia», dijo.
Agregó que se colocó una exhibición personal para que las adolescentes pudieran expresar a una jueza sus inconformidades y lo que pasaba dentro del hogar. «Yo cumplí en todo momento con mi función señora juez», añadió Castro.
La fiscalía señala a Castro por incumplimiento de deberes. La acusa de que, aunque su función era velar por los derechos humanos de las adolescentes, tuvo una actitud pasiva y se retiró del lugar aproximadamente a las 12 menos cinco de la noche del 7 de marzo de 2017, dejando a las adolescentes en un estado de vulnerabilidad. En su declaración Castro intentó defenderse.
«Me retiré del hogar con la autorización de una de nuestras jefes superiores. Yo le pido declararme inocente señora juez, yo no soy culpable de incumplimiento de deberes, cumplí con mis funciones a cabalidad», dijo Castro durante su declaración.
El fiscal Marlon Ordóñez preguntó a Castró si en algún momento le indicaron qué iban a hacer con las adolescentes y si las iba a ubicar en un lugar apto e idóneo. En su respuesta Castro dijo que antes de retirarse del lugar supo de que serían ubicadas en el área de educación que comprende varias aulas y que pensaban colocar literas. «En ningún momento supe de encierro, ni que iban a colocar 50 y pico de niñas», concluyó.
Lunes 22 de enero
La audiencia continuó con preguntas de los abogados hacia Castro, quien en una audiencia previa decidió declarar ante la jueza.
Harold Augusto Flores Valenzuela, exjefe de la Procuraduría de Menores de la Procuraduría General de la Nación (PGN), también optó por declarar sobre los hechos del 7 y 8 de marzo de 2017. La fiscalía lo señala por incumplimiento de deberes, homicidio culposo y lesiones culposas.
En su declaración, Flores contó a la jueza que el 7 de marzo de 2017, en el hogar seguro se encontraba Carlos Beltetón, quien era asesor presidencial de la Secretaría de Bienestar Social.
Beltetón trabajaba para el presidente, que en ese momento era Jimmy Morales, la máxima autoridad de la Secretaría de Bienestar Social, responsable de los hogares de protección estatal.
Dentro del proceso, el nombre de Beltetón había sido mencionado con anterioridad. Según una publicación del medio Prensa Comunitaria, durante una audiencia de 2017, la declaración de Belteton fue presentada como parte de los indicios del Ministerio Público. El asesor presidencial aceptó que estuvo ese día en el lugar de los hechos y que coordinó la llegada de la PNC. Hasta ahora él no es parte de los sindicados en el proceso y tampoco lo es el expresidente Morales.
Miércoles 24 de enero
En esta audiencia se comenzó a escuchar a los médicos forenses, peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), presentados por la fiscalía. La asociación Mujeres Transformando el Mundo (MTM) se auxilió de un consultor técnico, el doctor Mario Nájera, quien colaboró en esta y otras audiencias para el interrogatorio a los forenses.
El primero en declarar ante la jueza fue Marco Antonio Ramírez Corado, quien al leer las conclusiones de sus peritajes informó la causa de muerte de tres de las víctimas y relató que una de ellas tenía quemaduras de segundo y tercer grado en el 80% de la superficie corporal.
Lunes 5 de febrero
Continuó la declaración de médicos forenses. Presentaron sus dictámenes los peritos Mirza Ramos Portillo, Leslie Rodas Vásquez y Óscar Cabrera.
La perita Ramos Portillo informó que una de las víctimas a las que le practicó la necropsia tenía el 80 % de la superficie corporal quemada. Situación que puede ser mortal.
«Las bibliografías describen que más del 50 por ciento de quemaduras en la superficie corporal pueden ser letales», dijo la médica Mirza Ramos ante el tribunal.
Para que la jueza y los presentes comprendieran el estado en el que se encontró el cuerpo de una de las adolescentes a quien le practicó la necropsia, Cabrera utilizó una expresión coloquial.
«Cuando estamos hablando de carbonización, prácticamente llamémosle de una forma inadecuada está chicharronada —dijo el perito—. Prácticamente ya están dañados todos los tejidos. Anatómicamente ya se perdieron algunas de las estructuras. El grado de deshidratación ha sido tan extremo que llega a consumirse todo el tejido», dijo Cabrera.
Cuando fue su turno ante el tribunal, la perita Rodas contó que una de las adolescentes que evaluó murió a causa de quemaduras en el 95% del cuerpo y dos más a causa de asfixia por sofocación secundaría a intoxicación por monóxido de carbono.
Los forenses coincidieron que era difícil que las víctimas sobrevivieran por la situación en la que se encontraban.
Martes 13 de febrero
Al tribunal acudieron tres peritos más, todos médicos forenses del Inacif. Se identificaron como Carlos Enrique Pineda Pérez, Raúl Estuardo López Carias y Sergio Andrés Martínez Letona.
Según las conclusiones de los dictámenes del perito Pineda Pérez, la causa de muertes de las cuatro víctimas que evaluó fue asfixia por intoxicación de monóxido de carbono. Dos de ellas presentaron quemaduras en el 40.5% y 36% de la superficie corporal.
Además de ser propuesto por la fiscalía, el perito Martínez Letona también fue incluido en los peritos de los querellantes adhesivos. Como lo hizo su antecesor, leyó ante el tribunal las conclusiones de sus peritajes. Evaluó a tres víctimas.
Determinó que dos fallecieron a causa de una asfixia por intoxicación de monóxido de carbono y una más por quemaduras de primer hasta segundo grado en el 70% de la superficie corporal.
Martes 20 de febrero
En esta audiencia declararon dos testigos: Ada Argedi Alfaro Álvarez y Emilio Marroquín Marroquín, familiares de las víctimas. Los abogados Diana Vivar y Edgar Archila, mandatarios que representan a 13 víctimas, fueron quienes propusieron a estos testigos.
Alfaro Álvarez, madre de una de las sobrevivientes, contó que su hija estaba en el hogar porque se había escapado de casa con una amiga. Cuando regresó, ocho horas después, madre e hija tuvieron que ir a la policía para retirar la denuncia de desaparición que habían presentado.
Entonces, la policía las llevó a la PGN y la PGN a un juzgado, donde la jueza decidió que debía enviar a la adolescente al Hogar Seguro Virgen de la Asunción porque no había superado la reciente muerte de su padre y necesitaba ayuda psicológica.
«Yo trabajaba muy duro para mantener a mis hijos, la jueza me dijo que no me daba abasto para cuidarlos. Mi esposo falleció. Cuando él falleció me tocó trabajar (fuera de casa)», dijo Alfaro Álvarez.
La madre dijo al tribunal que aceptó que su hija ingresara al hogar porque la jueza le aseguró que recibiría atención médica, psicológica y cursos de repostería y maquillaje. Pero cuando la visitaba, la adolescente le contaba que la maltrataban y que la comida estaba «shuca» (sucia).
Alfaro Álvarez dijo que intentó sacar a su hija del hogar, pero en el juzgado no le prestaron atención.
Marroquín, tío de Yoselin Barahona Beltrán, una de las adolescentes que murió en el incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, contó que la joven era la menor de tres hermanos que habían quedado huérfanos.
Barahona fue enviada al hogar luego de que sus tíos activaran una alerta Alba Keneth porque se escapó a una fiesta. Estuvo en el centro cinco meses.
Marroquín dijo que se enteró de lo que sucedía en el Hogar Seguro por medio de las noticias, la noche del 7 de marzo de 2017. A la mañana siguiente fue al hogar donde encontró patrullas, policías y personas exigiendo que les entregaran a sus hijas.
«Una persona gritaba afuera, decía desgraciados digan la verdad, digan que quemaron a las niñas, las niñas están muertas», dijo el testigo.
[Conoce aquí el memorial de las 41 niñas y adolescentes fallecidas]
Martes 27 de febrero
La audiencia inició con la declaración del perito Fredy Alvarado, quien estableció que la causa de muerte principal de dos de las víctimas fue hemorragia pulmonar. Además de las quemaduras de segundo grado en el 80% de la superficie corporal de la primera víctima y quemaduras de segundo y tercer grado en el 73% de la superficie corporal de la segunda víctima.
El segundo en rendir declaración el 27 de febrero fue el perito Danilo Arita. Entre los hallazgos de las necropsias que realizó están las quemaduras en el 65 % de la superficie corporal y las quemaduras en la tráquea de una de las víctimas.
También halló hemorragia pulmonar, edema cerebral y quemaduras de segundo grado en el 54% de la superficie corporal en el cuerpo de otra de las adolescentes.
El perito contó además que encontró signos de agonía en las víctimas.
Para este día también estaba citada una perita que no había sido localizada porque dejó de trabajar en la institución.
Lunes 11 de marzo
Para esta audiencia se presentó la perita Lilian Cayax. Cayax explicó que la causa de muerte principal de una de las víctimas había sido sepsis (la respuesta del cuerpo ante una infección). La causa secundaría, las quemaduras en el 90% de la superficie corporal.
El peritaje de Cayax establece que a causa de las quemaduras se le desprendió el cabello a la adolescente, quien estaba deshidratada y tenía gastritis.
La perita explicó que casi todo el cuerpo tenía quemaduras y ya no había epidermis: la dermis había quedado expuesta. «Desprendimiento de piel, como que fuera un guante se puede quitar», explicó la perito sobre la situación en la que estaba el cuerpo de la víctima.
En la audiencia, el MP también reprodujo videos. El primero fue una grabación con dron de las instalaciones del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
Para el segundo, la jueza solicitó a los medios de comunicación que no grabaran para proteger la dignidad de las adolescentes fallecidas. Se reprodujeron imágenes del levantamiento de los cadáveres en la escena del incendio.
Lunes 18 de marzo
Luego de realizar pruebas para verificar que se grabara correctamente el audio, inició la audiencia con la declaración de peritos que evaluaron las lesiones de las sobrevivientes.
El médico del Inacif César Yes Marcos explicó al tribunal que, debido a las quemaduras de segundo grado sufridas en el rostro, una de las adolescentes víctimas necesitó de respiración asistida por los daños en las vías respiratorias.
En su declaración, el perito Francisco Mejía dijo al tribunal que las lesiones de otra de las sobrevivientes pusieron en peligro su vida porque las quemaduras comprenden el 40% de su cuerpo.
Lunes 8 de abril
La jueza y los abogados revisaron el listado de pruebas documentales. En total se recibieron 110 del Ministerio Público (MP). En el grupo estaban tres álbumes de, respectivamente, 110, 76 y 75 fotografías tomadas durante la investigación.
Al concluir con estas 110 pruebas, la audiencia continuó con la declaración del perito Ricardo Garido, psicólogo del Inacif, que al evaluar a una de las adolescentes sobrevivientes concluyó que tenía daño psicológico.
«Presentó sintomatología con relación al problema denunciado, tuvo miedo, recuerdos recurrentes, frustración, manifestaciones emocionales compatibles con trastorno por estrés postraumático. El conjunto de emociones analizadas, son concluyentes con daño psicológico», dijo el perito al leer las conclusiones de su dictamen.
El perito también informó a los abogados sobre la necesidad de que la sobreviviente recibiera tratamiento psicológico.
Lunes 15 de abril
El juicio siguió con la declaración de peritos forenses en psicología que evaluaron a las sobrevivientes del Hogar Seguro.
«Yo no pensaba nada, solo estaba tranquila, pidiendo que nos abrieran», dijo una de las sobrevivientes a la psicóloga Silvia Ocampo. La perito explicó que la adolescente tenía un bloqueo emocional por lo que vivió.
La perita también informó al Tribunal Séptimo que una de las sobrevivientes tuvo recuerdos constantes de lo vivido con contenido dramático de sufrimiento, fuego y muerte. Cuando fue evaluada se recomendó atención psicológica.
En su tercer peritaje, la psicóloga informó que la adolescente sobreviviente que fue evaluada tenía pesadillas y alteraciones del sueño, además de llanto por el duelo de la pérdida de sus compañeras.
A petición de uno de los abogados defensores, la perito Ocampo leyó una parte de la entrevista con una de las sobrevivientes que relató cómo fue agredida sexualmente por un monitor cuando estaba en el Hogar Seguro.
En esta audiencia también declaró el psicólogo Noe Estrada, perito del Inacif. Entre sus hallazgos mencionó que una de las sobrevivientes tenía daño psicológico con hipervigilancia a cuidar de sí. La defensa de los acusados protestó porque el dictamen tenía mal escrito el nombre de la víctima y había un error en la fecha.
Lunes 22 de abril
Cuatro peritas del Inacif declararon sobre las evaluaciones psicológicas que realizaron a las sobrevivientes. Las entrevistas para sus dictámenes revelan el maltrato que sufrieron las adolescentes cuando estaban en el hogar y hechos del 7 y 8 de marzo.
La perita Justa Alvarado explicó que una de las adolescentes que sobrevivió al incendio tenía un trastorno de estrés postraumático y tomaba pastillas para poder dormir por alteraciones del ciclo del sueño a causa de lo que vivió en el incendio.
La psicóloga Carolina López, explicó al tribunal, que a causa de lo que vivió durante el incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, una de las adolescentes sobrevivientes tenía pesadillas, deseo de autoagredirse y secuelas emocionales por las quemaduras de tercer grado que tuvo.
«Empezamos a gritarle ayuda a los policías, ellos nos dijeron que, si fuimos pilas para fugarnos que fuéramos pilas para enfrentar el fuego», contó una de las sobrevivientes a la perita López.
Otra historia de lo ocurrido quedó registrada en el dictamen de la perita, «A mí me duele porque los policías tenían la llave en la mano, ellos pudieron haber salvado a todas, no habría ninguna quemada. Enterarme que mis compañeras habían muerto es triste», contó en la entrevista con la psicóloga una de las sobrevivientes.
En el juicio también se expuso que una adolescente sobreviviente relató a la psicóloga Angelica García López que en el hogar las maltrataban y golpeaban, que la comida olía mal y las tortillas estaban pegajosas.
Lunes 6 de mayo
De nuevo el abogado Luis Fernando Ruíz Ramírez solicitó una revisión de medida para su cliente Luis Armando Pérez Borja.
En su exposición, el abogado Ruíz Ramírez presentó documentos para intentar desvanecer la declaración de una testigo del caso que relató haber recibido amenazas provenientes de Pérez Borja para influir en su testimonio.
Durante la audiencia en el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, en varias ocasiones, la jueza pidió al abogado que se concretara a la solicitud para la revisión de la medida de prisión preventiva de su defendido y no a la prueba que es parte del caso y que aún no es momento de sea valorada.
Marlon Ordóñez, fiscal del MP, también intervino para pedir al abogado que no se refiriera a la prueba que aún no ha sido valorada por la jueza. «Está contaminando de cierta forma al tribunal, después puede ser un causal hasta de excusa», dijo el fiscal. El argumento fue aceptado por Cifuentes.
Ruíz Ramírez ignoró las advertencias y peticiones de la jueza y continuó haciendo referencia a los medios de prueba que aún no han sido presentados ante el tribunal en el juicio.
Ese día también se presentó a declarar la perita Dominga Calderón, que declaró sobre nueve dictámenes toxicológicos que realizó a las víctimas del incendio.
Lunes 13 de mayo
La jueza Ingrid Vanessa Cifuentes resolvió que Luis Armando Pérez Borja debe continuar en prisión preventiva.
Para conocer los motivos de la jueza y los detalles de la audiencia visita la publicación: Policía implicado en caso Hogar Seguro seguirá en prisión mientras continúa el juicio.
Jueves 30 de mayo
La jueza Ingrid Vanessa Cifuentes decidió que Lucinda Marroquín Carrillo siga en prisión preventiva.
Héctor Paul Pineda, abogado defensor de Marroquín Carrillo, solicitó a la jueza que le permitiera a la acusada salir de la cárcel y continuar el juicio en libertad. Argumentó que las circunstancias han variado y que no hay peligro de que exista una obstaculización a la investigación.
El fiscal Edgar Gómez expuso que existe la sospecha de que la acusada pueda influir en 27 testigos del juicio que son policías o trabajaron en la Policía Nacional Civil, además de un testigo que denunció recibir presiones de la acusada para mentir sobre los hechos.
En su resolución, la jueza aclaró que, de acuerdo con los documentos presentados por la fiscalía, este peligro aún existe.
Por este motivo Marroquín seguirá en prisión preventiva, situación en la que se encuentra desde hace seis años y 11 meses.
Del jueves 13 de junio al martes 16 de julio
A puerta cerrada se reprodujeron los audios de las declaraciones de 8 de las 15 sobrevivientes. Antes de que el caso llegara a juicio, ellas contaron en un juzgado lo que sucedió. Sus palabras quedaron grabadas en discos. Esta modalidad se llama declaración en anticipo de prueba.
Dos audios más quedaron pendientes y es posible que cinco sobrevivientes cuenten lo sucedido por videoconferencia. Tres de ellas están en Estados Unidos y dos más en Guatemala.
Miércoles 19 de junio
La Sala Tercera de Apelaciones Penal resolvió un amparo a favor de Anahy Keller Zabala para separarla del juicio por el caso Hogar Seguro.
Jueves 20 de junio
Como el Tribunal alega que aún no recibe la orden de ejecución de la resolución de la sala que deja afuera del juicio a Anahy Keller, la acusada sigue en el debate hasta que sean notificados.
Miércoles 17 de julio
Luis Armando Pérez Borja recupera su libertad.
Lee aquí los detalles.
Jueves 18 de julio
De nuevo, el debate se realiza a puerta abierta. Comienzan a escuchar los audios que contienen la declaración en anticipo de prueba de testigos de la policía.
Lunes 22 de julio
En la Sala de audiencias de mayor capacidad del quinto nivel de la Torre de Tribunales, a puerta abierta, escucharon los audios de tres testigos policías. Por seguridad, el Ministerio Público protege su identidad.
La testigo I contó que en el aula del Hogar Seguro en donde ocurrió el incendio no había extintores y que nunca se recibió una capacitación sobre cómo tratar a la niñez o cómo actuar en disturbios. Corroboró que la llave para abrir la puerta del aula la tenía una de las acusadas, Lucinda Marroquín.
En su declaración, la testigo J relató que la madrugada del día de los hechos hacía frío y que durante el incendio se escuchaban los gritos de las 56 niñas y adolescentes encerradas en el aula.
Lo dicho por la testigo K confirmó que la puerta del aula donde estaban las víctimas estaba cerrada con un candado. «Salía humo de las ventanas, las compañeras gritaron “humo, humo”», dijo la testigo K.
Tres de los abogados defensores protestaron que los audios de las testigos J y K no se escucharon bien. Tenían fallas y fueron grabados con muy bajo volumen.
En las próximas audiencias se escuchará el audio de la declaración de dos policías, tres trabajadores del Hogar Seguro y por videoconferencia se espera que declaren cinco sobrevivientes más. Tres están en Estados Unidos y dos en Guatemala. A la lista de pendientes se suman las declaraciones de tres adultos con nombre bajo reserva y 40 testigos.
Martes 5 y jueves 8 de agosto
En la sala del tribunal escucharon las declaraciones de dos de las 15 niñas y adolescentes sobrevivientes del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. El jueves se escuchó la de la testigo M., que declaró en anticipo de prueba. Su relato está grabado en dos discos con una duración de dos horas cada uno. Cuando contó lo que vivió aún era menor de 18 años. Por esta razón esta audiencia se realizó a puerta cerrada.
Esta es la última grabación que tiene la fiscalía sobre las declaraciones que dieron las sobrevivientes después del incendio.
Miércoles 14 de agosto
El tribunal escuchó el testimonio de una de las sobrevivientes del incendio, la testigo N. Ella era menor de edad al momento en que grabaron la declaración como anticipo de prueba, por lo que la fiscalía solicitó que se reprodujera a puerta cerrada.
La jueza indicó que la sala segunda de apelaciones solicitó poner a su disposición a la acusada Lucinda Marroquín. Dicho tribunal resolvió dejarla en libertad, bajo medidas sustitutivas.
Marroquín podrá retomar su libertad entre el 14 y 15 de agosto.
Lunes 19 de agosto
El juicio por el Caso Hogar Seguro continúa con los ocho acusados en libertad, tienen arresto domiciliario. La última en salir de prisión fue Lucinda Marroquín.
Jueves 22 de agosto
El tribunal escucha la declaración de tres testigos.
Ana Lucía Peláez Vicente, exdefensora de las víctimas de trata de la PDH, recordó que en noviembre de 2016 denunció al Hogar Seguro Virgen de la Asunción por trata de personas.
Peláez contó que el 7 de marzo de 2017, se presentó al lugar de los hechos una persona de apellido Beltetón, que se identificó como asesor del presidente Jimmy Morales, para informarles que el presidente tenía conocimiento de lo que sucedía y había ordenado enviar más elementos de la PNC.
En su relato, la testigo también señaló al exsubsecretario de la SBS, Carlos Rodas, de no actuar para proteger a las adolescentes y quedarse a la par de las personas que le prestaban seguridad sin realizar alguna acción.
Patricia Elizabeth Cabrera Matías, trabajadora de la PDH, relató que los y las adolescentes al cuidado del Estado protestaron el 7 de marzo de 2017 por malos tratos, comida en mal estado, falta de toallas sanitarias, pocas colchonetas para dormir y por no tener agua tibia.
Sobre el trato de los policías a los adolescentes, la trabajadora de la PDH declaró que usaron armas eléctricas para asustarlos.
Sender Andrés Escobar Rodríguez, cuando ocurrieron los hechos era trabajador de la PDH y fue el encargo de redactar un acta el 7 de marzo de 2017. En el documento registró que los policías no usaron gas pimienta, ni gas lacrimógeno, pero que al momento de declarar dijo a la jueza que después se había enterado en un medio de comunicación digital que sí lo hicieron.
Escobar Rodríguez aseguró que los policías que llegaron al Hogar Seguro son conocidos popularmente como antimotines y tenían escudo, casco y un palo.
Esta publicación se actualizará permanentemente, audiencia a audiencia. Te invitamos a guardarla y regresar a ella para conocer lo que va sucediendo durante el juicio del caso Hogar Seguro.
Cobertura: María José Longo Bautista, Christian Gutiérrez y Kristhal Figueroa
Redacción: María José Longo Bautista y Kristhal Figueroa
Edición: Carmen Quintela
Fotografías: Christian Gutiérrez
